La trama de los ERE causó un perjuicio de 2,2 millones a la Junta con las ayudas a una empresa de flanes

Una década y media después de que estallara el caso ERE, los tribunales continúan poniendo negro sobre blanco el impacto económico que provocó el mayor escándalo de corrupción de la historia de España en Andalucía. Una nueva sentencia del Tribunal de Cuentas concluye que las ayudas concedidas por la Junta socialista a la empresa de flanes Grupo Dhul causaron un perjuicio de 2,25 millones de euros a las arcas autonómicas entre los años 2001 y 2010.

La resolución, dictada por la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador, analiza el procedimiento de reintegro relativo a las ayudas a la prejubilación otorgadas por la Consejería de Empleo a Dhul. El fallo declara «la existencia de un alcance causado al patrimonio público de la Junta de Andalucía por un importe total de 2.251.329,36 euros», una cuantía derivada de pagos y subvenciones ilegales.

Según la sentencia, parte del dinero público terminó financiando pólizas de prejubilación para intrusos, es decir, personas ajenas a los trabajadores afectados por los despidos en la empresa. En concreto, 412.805,44 euros se destinaron al abono de primas de dos seguros de rentas para tres beneficiarios que no pertenecían al colectivo de extrabajadores de Grupo Dhul incluido en el expediente de regulación de empleo.

El grueso del menoscabo económico, sin embargo, procede de otra operación cuestionada por el Tribunal de Cuentas. La resolución considera acreditada «la concesión de una ayuda directa» a Grupo Dhul por valor de 1.838.523,92 euros «sin justificación suficiente», destinada a afrontar la devolución de un préstamo bancario. El órgano entiende que aquella subvención carecía de la cobertura y los controles exigibles para el uso de los fondos públicos.

La sentencia señala como responsables contables directos a quienes ocuparon la Dirección General de Trabajo de la Junta durante el periodo investigado, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, además de la propia empresa. El tribunal subraya la actuación «gravemente negligente» de ambos ex altos cargos –el primero, fallecido en 2010– en la gestión de los recursos autonómicos, al considerar que incumplieron las obligaciones reforzadas de control que les correspondían como administradores de dinero público.

El fallo aún no es firme y puede recurrirse ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. No obstante, la resolución vuelve a situar el foco sobre la macrocausa de los ERE y evidencia, según el órgano fiscalizador, cómo el sistema de ayudas permitió durante años pagos irregulares y subvenciones sin la fiscalización adecuada.