Las cloacas del PSOE llegaron hasta Andalucía para «exterminar socialmente» a la jueza de los ERE: «Es mala»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la jueza Mercedes Alaya en el centro de la diana. La magistrada que destapó la trama de los ERE en Andalucía era, según los investigadores, uno de los objetivos prioritarios de las cloacas del PSOE. El objetivo no era menor: arruinar su reputación por completo.

Desde comienzos de 2020, existía una auténtica obsesión por construir un relato que la desacreditara. Y es que la propia Leire Díez, exmilitante socialista y supuesta ‘fontanera’ de Ferraz, lo dejó claro en una conversación. «Yo estoy hilando un relato, porque además de la muerte procesal tiene que ser social también», señaló entonces.

«Necesito cuatro cosas»

Los audios que se han filtrado revelan una estrategia minuciosamente planificada. Díez contactó con Rafael Salvador, alias ‘Torrente’, un policía apartado por Alaya del caso ERE. En una reunión grabada el 13 de febrero de 2020, ella fue directa: «¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos».

La ‘fontanera’ no disimuló su animadversión hacia la jueza. «Esta es muy mala, muy perversa, pero la tía sigue ahí», reconoció ante su interlocutor. Su plan incluía escribir un libro que completara la faena. «Lo demás lo sigo yo con un libro, que tengo que escribir muy rápido», aseguró. Y lanzó una amenaza velada: «Yo escribo rápido y con muy mala leche».

Rafael Salvador, sin embargo, le pidió prudencia. «Si matamos a la vaca que da la leche al primer envite, se acabó la leche», le advirtió el policía. Pero ella fue categórica: «Yo no la voy a matar», contestó, dejando claro que su intención era otra. Quería destruirla socialmente, no físicamente.

Y es que el objetivo final era borrar cualquier rastro de Alaya del mapa institucional y mediático. «Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis», escribió en un mensaje a Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI. Una frase tan escalofriante como reveladora del modus operandi de la trama.

Por qué persiguen a la jueza

Alaya no era una jueza cualquiera para el PSOE andaluz. La magistrada de la Audiencia de Sevilla había estado detrás de los juicios más mediáticos contra dirigentes socialistas, empezando por la macrocausa de los ERE. Ella impulsó también el caso Isofotón y la presunta adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar.

Su estilo implacable le valió tanto admiradores como detractores. Llegó a tener un club de fans que la veían como una heroína contra la corrupción, mientras el poder político la señalaba como una villana a batir. Los socialistas cargaron contra ella por tomar decisiones judiciales en plenas campañas electorales, lo que consideraban una intromisión intolerable.

Entre 2011 y 2015, Alaya imputó a altos cargos socialistas en fechas clave para el calendario político andaluz. «Imputas a 200.000 siempre cerca de unas elecciones», llegó a quejarse Díez en una conversación con el comisario. Era su obsesión: demostrar que la jueza actuaba con segundas intenciones políticas. «Usted no puede teledirigir la investigación de un juzgado estando usted en la Audiencia», le espeta su interlocutor en otro momento de la grabación.

La investigación de la UCO, incluida en el sumario del ‘caso Leire’ que instruye el juez Santiago Pedraz, ha destapado una red perfectamente engrasada. No solo se buscaba información comprometedora, sino que se contactaba con agentes policiales defenestrados para obtener munición contra quienes dificultaban los intereses del partido.

Pero lo cierto es que la realidad parece más sencilla y, a la vez, más turbia. Como reconoció el propio policía a Díez, Alaya simplemente «no ve tras de sí adversarios, ella solo se ve a sí misma, con voz dominante». Un perfil que, unido a su tenacidad, la convirtió en el blanco perfecto para quienes querían silenciarla a cualquier precio.