De izquierda a derecha, Antonio Miguel Ruiz Carmona, Antonio Rodrigo Torrijos y Joaquín Peña, en el banquillo de la Audiencia Nacional
Caso Fitonovo El PSOE suelta lastre judicial mientras crecen las sospechas de financiación ilegal en Ferraz
El Supremo avala que el PSOE no puede ser condenado como partícipe a título lucrativo por los sobornos en el Ayuntamiento de Sevilla
Los socialistas se han llevado recientemente una alegría en medio de las crecientes sospechas de financiación ilegal que se ciernen sobre Ferraz. El Tribunal Supremo ha confirmado que el PSOE no se enriqueció con los sobornos que hubo en la trama de Fitonovo. La sentencia, sin embargo, también ratifica las condenas de los altos cargos municipales que aceptaron dádivas por la concesión de contratos del Ayuntamiento de Sevilla.
Los sobornos de Fitonovo –una empresa de servicios medioambientales– fue un fraude que investigó la Audiencia Nacional. Varios cargos socialistas y de Izquierda Unida resultaron condenados por delitos de corrupción, aunque ambos partidos se libraron de cualquier responsabilidad penal. La Fiscalía intentó que el PSOE devolviera cerca de 10.000 euros vinculados a la reforma de su sede de la Macarena, pero el Tribunal Supremo ha rechazado todos los recursos y ha dado por cerrada la causa.
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia previa de la Audiencia Nacional y ha avalado que el PSOE no puede ser condenado como partícipe a título lucrativo. En su resolución, el Alto Tribunal afirma que no hubo «ningún enriquecimiento injusto» por parte del partido entre 2006 y 2009, el periodo juzgado.
La Audiencia Nacional ya había realizado una interpretación similar, señalando que «no ha quedado acreditado» que el partido se hubiera enriquecido «más allá de la reforma» de la sede. Además, subrayó que «el origen del dinero procedente de supuestas comisiones ilegales a funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla no guarda relación alguna con el PSOE, ya que ninguna actuación delictiva se ha llevado a cabo en su nombre o en su seno».
En otra parte de la sentencia, los magistrados de la Audiencia Nacional insistieron en que la ilegalidad existió, pero se produjo «a título particular por una serie de sujetos relacionados» con el PSOE «que han propiciado un mero enriquecimiento personal a través de las comisiones a las que Fitonovo hacía frente para asegurarse la adjudicación de la contratación».
El Tribunal Supremo, aunque avala el fondo de la decisión, introduce matices técnicos sobre la prueba. En su análisis señala que existe «una falla en el sólido discurso del fiscal» y recuerda que el artículo 122 del Código Penal exige que el partícipe reciba de forma clara el beneficio económico del delito. Según el fallo, ese elemento no queda suficientemente acreditado en la sentencia, lo que impide la condena.
Pese a la absolución del partido, la sentencia sí confirma las condenas a varios responsables políticos y técnicos implicados en el caso. Entre ellos figuran Domingo Enrique Castaño, quien fuera asesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín; Manuel Gómez Lobo, exconcejal del PSOE, y Antonio Miguel Ruiz Carmona, hombre de confianza de Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde bajo las siglas de Izquierda Unida.
Registro en Ferraz
Este cierre del caso Fitonovo supone un especial alivio para el PSOE ahora que se crecen las sospechas de financiación ilegal sobre el partido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró este pasado miércoles en la sede nacional del PSOE, sita en la calle Ferraz de Madrid, para efectuar un registro –o «requerimiento», según dijo Pedro Sánchez– que duró más de 12 horas en el marco de la investigación de las cloacas socialistas.
Los agentes, que también registraron los domicilios de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset, buscaban documentación relacionada con pagos a la fontanera Leire Díez. Las pesquisas se centran en una presunta trama de cobro de comisiones irregulares vinculadas a rescates empresariales gestionados por la SEPI y a adjudicaciones de obra pública supuestamente amañadas a cambio de mordidas.
Los investigadores sospechan que parte de esas comisiones habría terminado financiando de forma irregular al PSOE mediante mecanismos opacos y ajenos a la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas. La causa permanece bajo secreto judicial y cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. Así, mientras la Justicia cierra definitivamente el caso Fitonovo, Ferraz acapara todo el foco sobre la financiación socialista.