La imputación de la cúpula de la SEPI alimenta las sospechas sobre el salto de Montero al Senado

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ya ejerce como líder de la oposición en el Parlamento andaluz, pero se ha reservado un puesto de senadora autonómica. Esta designación, cuando se produzca, le conferirá el aforamiento ante el Tribunal Supremo que perdió cuando abandonó su escaño en el Congreso; una circunstancia que cobra relevancia en medio de las distintas investigaciones judiciales que la salpican.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de las cloacas del PSOE, Santiago Pedraz, ha imputado a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas por la trama de presuntas adjudicaciones arbitrarias e irregulares de rescates a empresas afines al Gobierno y a su entorno durante la pandemia.

Así las cosas, ya se encuentran imputados los tres presidentes que ha tenido la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Son Vicente Fernández, Bartolomé Lora –actual vicepresidente– y, desde este lunes, Belén Gualda, todos ellos nombrados por María Jesús Montero durante su etapa como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, departamento del que depende la SEPI.

Montero ha defendido públicamente su decisión de compaginar cargos: «La condición de senador y responsable de la oposición ha sido una tónica y una constante en mis predecesores», afirmó hace un par de semanas. Lo cierto es que Juan Espadas sí desempeñó ambas responsabilidades durante la pasada legislatura, pero Susana Díaz solo lo hizo diez días en septiembre de 2021. Ambos, por cierto, serán los otros dos senadores socialistas por designación autonómica.

Pese a esa explicación, la reciente imputación de la presidenta de la SEPI ha reavivado las sospechas sobre el trasfondo del salto de María Jesús Montero al Senado. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha asegurado este miércoles que la exministra de Hacienda podría enfrentarse en el futuro a «nubarrones legales» derivados de su etapa al frente del departamento del que depende la sociedad estatal.

El diputado popular vio a Montero «muy nerviosa» durante el debate de investidura celebrado este martes en el Parlamento, especialmente cuando entendió una alusión de Juanma Moreno a «futuros problemas legales». De hecho, la dirigente socialista recriminó a Moreno «insinuaciones» en ese sentido: «¿Usted qué ha sugerido de mí, señor Bonilla? ¿Que a mí me van a imputar? ¿Lo insinúa, pero no lo sabe? Eso es de poca valentía. Lo que quiera decir, dígamelo a las claras».

El portavoz popular también ha vinculado esta situación con las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, quien aseguró que Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero durante su etapa como vicepresidenta y ministra de Hacienda, «trincó 25.000 euros por favores inconfesables». Según Martín, posteriormente Montero trasladó a Madrid a su «hombre de confianza», al que nombró presidente de la SEPI, en referencia a Vicente Fernández, de quien aseguró que «se le está poniendo cara de [José Luis] Ábalos».

Metiendo el dedo en la llaga, Toni Martín ha recordado el caso de José Antonio Marco Sanjuán, el que fuera presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), también nombrado por Montero. El dirigente popular señaló que este terminó implicado en un registro de la Unidad Central Operativa (UCO), donde se encontraron «fajos de billetes en su cuarto de baño y en la barbacoa».

Para Martín, la acumulación de estos episodios debería bastar para que Montero, que ya se encuentra aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como diputada autonómica, se preocupara por su situación legal y buscara el aforamiento en el Senado. El portavoz del PP ha asegurado que continuará recordando esta cuestión en sus próximas intervenciones parlamentarias.