Otro exconsejero socialista, condenado a tres años de cárcel por préstamo «arbitrario» a una empresa malagueña

El ex consejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, y el expresidente de Invercaria –empresa pública de capital de riesgo–, Tomás Pérez Sauquillo, han sido condenados a tres años y medio de prisión como coautores de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.

Así lo ha decidido la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla al entender que el ex alto cargo de la Junta socialista, Vallejo Serrano, dilapidó fondos públicos mediante la concesión «arbitraria» e ilegal de un préstamo de 1.180.000 euros a la firma malagueña Servivation SA en 2008.

La condena se enmarca en la macrocausa penal de Invercaria, una investigación que arrancó en el año 2012 de préstamos aleatorios y sin ningún tipo de control con algunas firmas andaluzas por parte de esta empresa pública

Una orden de arriba

Servivation se convirtió en la quinta pieza separada de la macrocausa para investigar ese préstamo participativo de más de un millón de euros a la compañía malacitana. Pérez-Sauquillo declaró en el juicio que la orden «vino de arriba», en referencia al consejero de Innovación Francisco Vallejo, también implicado en el escándalo de los ERE.

En una sentencia redactada por la magistrada que destapó dicho caso, Mercedes Alaya, se dictamina que esa inyección económica se perpetró con una «flagrante ausencia de procedimiento para la concesión del préstamo participativo», con el único propósito de «cubrir y dar amparo a la decisión política adoptada por el consejero».

Los hechos probados datan de 2006, en plena crisis de la fábrica de teléfonos Vitelcom. El entonces consejero Francisco Vallejo buscó una solución para anticiparse a los estragos del conflicto laboral latente en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA), con la creación de Servivation, que absorbería a los extrabajadores de la primera.

El dirigente socialista, que ya estuvo en prisión por el caso ERE durante un año y siete meses, decidió dicho préstamo de 1,18 millones de euros al margen de cualquier cauce legal. El tribunal sospecha que los fondos públicos procedían de su consejería, pero no eran adecuados para ningún tipo de ayudas. Para lograrlo, habría contado con la colaboración de Pérez-Sauquillo, lo que le ha valido la misma condena.