El juez sienta en el banquillo a 14 ex altos cargos del PSOE en Andalucía por un aval público de 1,2 millones

El magistrado José Ignacio Vilaplana ha abierto juicio oral contra 14 antiguos altos cargos y directivos socialistas de la Junta de Andalucía, así como tres empresarios, por su presunta implicación en un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos dentro de una pieza separada del denominado caso Avales de la Agencia IDEA.

En su auto, dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y notificado este miércoles a las partes, considera que existen indicios suficientes para que los acusados se sienten en el banquillo. La investigación se centra en la concesión de un aval público a la cooperativa sevillana Cofrutex por un importe superior a 1,18 millones de euros, una operación que, según el instructor, se aprobó sin los controles administrativos y técnicos exigibles.

De acuerdo con la resolución judicial, el perjuicio económico para las arcas públicas asciende a 1.266.241,65 euros, cifra que incluye el principal del aval y más de 86.000 euros correspondientes a comisiones impagadas. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles y penales, el magistrado ha fijado una fianza individual de 1.688.322,20 euros para cada uno de los 17 procesados, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El acusado de mayor rango es el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo Serrano, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de prisión por malversación y 17 años de inhabilitación absoluta; petición que extiende al resto de los encausados. Cabe recordar que Vallejo ya fue condenado en el caso ERE, aunque parte de aquella condena fue luego anulada por el Tribunal Constitucional.

En una resolución de 23 páginas, el magistrado sostiene que «en la concesión del aval objeto de autos mediaron razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo», y que la ayuda pública fue concedida «careciendo dicho otorgamiento de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de esta ayuda», lo que, a su juicio, supuso una vulneración de la normativa aplicable.

Añade además que los responsables de la agencia aprobaron el expediente «sin valoración alguna sobre el riesgo de concesión del aval, sobre la solvencia y viabilidad futura de la operación crediticia y de la propia empresa». Esa omisión de controles básicos se produjo, «muy probablemente, porque la misma no era viable». También se destaca que la cooperativa acumulaba una elevada deuda y que «ni tan siquiera había formalizado una solicitud de ayuda».

El magistrado rechaza igualmente la estrategia de defensa, basada en la ausencia de dolo por la confianza depositada en la Dirección General de la Agencia IDEA. En este sentido, argumenta que, si el aval hubiera sido respaldado con el patrimonio personal de los acusados, «habrían sustituido su 'confianza' en el director general de dicha Agencia por la obtención de informes técnicos que permitieran respaldar la realidad y seriedad de la operación».

Además de Vallejo, entre los procesados figuran antiguos responsables de la Consejería de Innovación y de la Agencia IDEA, entre ellos el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román y los ex directores generales Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos. También está acusado Francisco del Río Muñoz, fundador y durante décadas responsable del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

En el ámbito empresarial, el procedimiento se dirige igualmente contra el presidente de Cofrutex, su gerente y el asesor financiero de la cooperativa, a quienes la investigación atribuye la condición de cooperadores necesarios en la presunta trama. Además, la cooperativa figura como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, mientras que la sociedad Zumos Vega SL deberá responder por la cantidad que, según el auto, obtuvo como beneficio derivado de la supuesta malversación.

Petición conjunta de 98 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 98 años de cárcel para los 14 antiguos altos cargos de la Junta. En su escrito sostiene que, bajo los gobiernos del PSOE, se contribuyó al «extravío definitivo de fondos públicos» mediante la concesión de una ayuda «arbitraria e injusta», otorgada «sin cumplir trámite alguno», sin bases reguladoras ni publicidad y sin velar por «el interés general», lo que, según el Ministerio Público, privó de esos recursos a empresas que sí cumplían los requisitos legales.

Además de la Fiscalía, ejercen la acusación la Agencia IDEA, la Junta de Andalucía y el PP andaluz como acusación popular. La actuación de la representación jurídica de la Administración autonómica ha generado controversia, ya que su letrado exculpó en su escrito de calificación a 11 de los 14 ex altos cargos socialistas, limitando su petición de responsabilidades penales a seis de los encausados.

El magistrado ha citado personalmente a todos los acusados para comparecer en la secretaría del juzgado los próximos 14 y 15 de julio, advirtiendo de que una incomparecencia injustificada podría dar lugar a su detención. Así, con la apertura de juicio oral, esta pieza separada del caso Avales suma un nuevo frente judicial sobre la gestión de la entidad pública durante los gobiernos socialistas en Andalucía.