Gibraltar no cuenta con los mecanismos necesarios para obtener determinados datos de vehículos españoles y europeos
Gibraltar llama a la puerta de España para cobrar las multas de tráfico que se le 'escapan' por la frontera
El Gobierno colonial reconoce dificultades para reclamar cientos de sanciones impagadas de vehículos extranjeros
Gibraltar busca una fórmula para cobrar multas de tráfico protagonizadas por vehículos extranjeros que han cruzado la frontera hacia territorio español sin afrontar el pago. El Gobierno colonial ha reconocido que tiene dificultades para identificar a los infractores en estos casos, por lo que ya ha solicitado su acceso a las bases de datos de vehículos de España y la Unión Europea.
El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, ha explicado estas dificultades en una reciente comparecencia parlamentaria. La problemática se refleja en cifras. Según los datos ofrecidos al Parlamento llanito y recogidos por el diario local Gibraltar Chronicle, en el último año se emitieron 939 notificaciones de sanción fija a vehículos extranjeros: 621 fueron abonadas, 58 fueron canceladas y otras 257 continúan pendientes de pago.
El quid de la cuestión es que la colonia británica no cuenta con los mecanismos necesarios para obtener determinados datos de vehículos españoles y europeos, los cuales permitirían avanzar en la identificación de los infractores. La situación afecta principalmente a las infracciones detectadas sin dar el alto al vehículo. Cuando ocurren, las autoridades necesitan disponer de información que permita vincular la matrícula con su titular para enviar la multa, pero no lo tienen.
Así pues, el Gobierno colonial busca ahora una fórmula que facilite esa tarea dentro del marco de cooperación existente con otras administraciones. El ministro de Transporte del Peñón, John Cortés, ha confirmado que su departamento ya trabaja en esta cuestión con la Policía de Tráfico y el Director del Ministerio Fiscal.
Escenario tras el Brexit
La situación está relacionada en parte con el Brexit, que modificó algunos de los mecanismos que permitían intercambiar información sobre infracciones de tráfico entre administraciones europeas. Posteriormente, España y el Reino Unido suscribieron en 2023 un acuerdo específico sobre reconocimiento de permisos de conducir e intercambio de información en materia de seguridad vial que incluye expresamente a Gibraltar.
El acuerdo establece un procedimiento para que las autoridades intercambien determinados datos relacionados con vehículos y sus titulares. Entre las infracciones contempladas en este pacto figuran los excesos de velocidad, saltarse un semáforo, no utilizar el cinturón de seguridad, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y usar el teléfono móvil.
El intercambio de información debe realizarse en todo caso entre la autoridad británica competente y la Dirección General de Tráfico (DGT); es decir, el Gobierno colonial de Gibraltar no puede consultar directamente y de forma general los registros de la DGT.
El acuerdo también establece un sistema de solicitudes y respuestas mediante un procedimiento seguro de intercambio de archivos. Además, la documentación de la propia DGT diferencia entre sus herramientas internas para consultar vehículos y los mecanismos destinados a facilitar información a autoridades extranjeras, que están sujetos a los procedimientos y autorizaciones establecidos.
La petición formulada ahora por Gibraltar se centra, por tanto, en cómo conseguir que ese sistema permita identificar de manera efectiva a los responsables de las sanciones que quedan sin pagar. Los datos ofrecidos ante el Parlamento muestran que se trata de una parte relevante de las multas notificadas a vehículos extranjeros, pues las 257 pendientes representan algo más de una cuarta parte de las 939 sanciones emitidas durante el último año.
La situación también deja planteada una cuestión para las autoridades españolas, aunque no implica por sí misma que exista un problema equivalente. Se trata de conocer qué información pueden obtener actualmente los organismos españoles cuando un vehículo matriculado en Gibraltar comete una infracción en España. El acuerdo de 2023 implica a los vehículos del Peñón, pero el alcance práctico de los intercambios depende de los procedimientos establecidos entre las autoridades competentes.
Por ahora, Gibraltar continúa trabajando con sus cuerpos de tráfico y autoridades judiciales para concretar cómo actuará ante las sanciones pendientes. El Gobierno colonial no ha detallado todavía el nuevo procedimiento ni ha precisado qué cambios serían necesarios en la cooperación existente, pero ya ha llamado a la puerta de España para que le dé acceso a las bases de datos de vehículos europeos.
