La entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, frente al hotel ilegal de El Algarrobico (archivo)
Almería La promesa incumplida de Montero queda en evidencia ante la cautela de la Junta con El Algarrobico
El Gobierno andaluz ha dado el último paso para hacer posible la restauración de los terrenos protegidos, pero evita dar fechas sobre la demolición
En febrero de 2025, cuando todavía era ministra de Hacienda, María Jesús Montero se plantó en la playa de El Algarrobico y prometió el derribo del hotel en cinco meses. Sin embargo, más de año y medio después, la mole de hormigón permanece intacta, tal y como la dejó en su día. Fue todo un brindis al sol ante un proceso inmerso desde hace 20 años en un laberinto judicial y administrativo que parece no tener salida, aunque se producen avances.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tomó conocimiento de las actuaciones de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio para avanzar en la recuperación del espacio protegido que ocupa el hotel ilegal de El Algarrobico, situado en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en Carboneras (Almería).
La novedad se produjo el pasado 9 de septiembre con la apertura del procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial, último paso de una serie de actuaciones administrativas y judiciales para hacer posible la restauración de los terrenos protegidos.
El expediente pretende devolver los terrenos a la situación anterior a la construcción iniciada en 2003. Además, no solo aborda el derribo de la estructura principal, sino que también contempla que la reposición de la realidad física alterada incluya el desmantelamiento de servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición total del edificio y la restauración de los terrenos, con el objetivo de recuperar los valores que motivaron su especial protección.
Aun así, pese a la importancia de este avance, en la Junta de Andalucía prefieren ir con pies de plomo, mostrando una cautela que contrasta con la alegría con la que Montero realizó su promesa. La portavoz de la Junta, Carolina España, aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que «no puede dar plazos» para el derribo del hotel.
Dos obstáculos superados
La Junta ha llegado hasta aquí después de superar dos obstáculos fundamentales. Por un lado, tuvo que personarse en la ejecución de las resoluciones judiciales para reclamar al Ayuntamiento de Carboneras la adaptación de su planeamiento y la consideración de los terrenos como no urbanizables de especial protección. Por otro, debía neutralizar la licencia de obras concedida en 2003, cuya vigencia constituía un impedimento para intervenir sobre el complejo hotelero.
Ese segundo escollo quedó despejado el pasado 7 de julio, cuando el Pleno municipal de Carboneras declaró nula la licencia de obras, después –eso sí– de un sainete protagonizado por los concejales del PSOE, expedientados en consecuencia por María Jesús Montero. La promotora Azata del Sol, sin embargo, ha recurrido la nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La batalla judicial, por tanto, permanece abierta mientras la Junta avanza en paralelo con el expediente.
La consejera de Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha defendido este jueves en el pleno del Parlamento que la anulación de la licencia de obras del hotel ha permitido eliminar el que constituía el «obstáculo fundamental para impedir continuar» con las actuaciones encaminadas a su derribo y a la recuperación del espacio protegido.
«Lo que queremos todos es que El Algarrobico se demuela, pero queremos que se hagan las cosas como se tienen que hacer, con rigor, con seguridad jurídica, respetando cada paso y con todas las garantías para que nada vuelva a bloquear este camino», ha añadido Díaz en respuesta a la pregunta de un diputado del PP que mencionaba precisamente la promesa incumplida de Montero.
La consejera de Ordenación del Territorio también ha reclamado coordinación entre las distintas administraciones para que «el edificio desaparezca» y el espacio «recupere sus valores naturales». En el reparto de responsabilidades, el coste del derribo será asumido íntegramente por el Gobierno de España, dentro del expediente de expropiación tramitado por el Ministerio para la Transición Ecológica. La Junta de Andalucía, por su parte, se hará cargo de la gestión y retirada de los residuos generados por la demolición.
La cooperación volverá a ponerse a prueba el próximo 8 de octubre, cuando se reúna la llamada Comisión Mixta de Seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, según ha anunciado la propia Rocío Díaz en el Parlamento. Será su décimo encuentro y el primero desde la entrada de Vox en el Gobierno de Juanma Moreno, con la Junta además al frente de la presidencia rotatoria.
La Junta asegura haber solicitado dos veces al Ayuntamiento de Carboneras el expediente de revisión de oficio de la licencia, sin haberlo recibido todavía. Díaz ha anunciado que la Administración autonómica se «personará» en el Consistorio para recabarlo «de manera urgente». El procedimiento avanza, pero el derribo del hotel continúa sin fecha. El Gobierno andaluz no quiere repetir el error de Montero.