Brindis al sol de Montero con El Algarrobico: anuncia su expropiación sin consenso con la Junta de Andalucía

María Jesús Montero continúa de precampaña por Andalucía. La ministra de Hacienda, y en la práctica ya secretaria general del PSOE-A, en esta ocasión, ha visitado, junto al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el delegado en Andalucía, Pedro Fernández, el entorno donde se ubica el hotel El Algarrobico de Carboneras.

Allí, Montero ha anunciado que el Consejo de Ministros, del que también forma parte, aprueba este martes una declaración de utilidad pública que permitirá la expropiación de los polémicos terrenos donde se ubica esta edificación, un trámite que conducirá su derribo y a la recuperación de ese paraje natural del Cabo de Gata.

Consentimiento del PSOE

El Algarrobico ha constituido un caballo de batalla para ecologistas y organizaciones locales desde que en 2006, hace ya 19 años, se paralizaron las obras por orden de un juez de Almería. Para vergüenza de los socialistas, una vez el Consistorio de Carboneras, en manos de esta formación, había concedido la licencia de obras a la promotora, Azata del Sol, en 2003, las Consejerías de Turismo, Comercio y Deporte y Sanidad de la Junta, bajo gobierno también del PSOE-A, lo consintieron.

Montero y el Ejecutivo central saben que el Estado solo puede actuar sobre los terrenos que se ubiquen en los 100 primeros metros de la línea de costa. Y para poder cumplir el objetivo de la demolición del edificio se requeriría que la Junta expropiara a su vez los terrenos que se adentran más allá del dominio público marítimo-terrestre.

Según Greenpeace, la finca sobre la que el Gobierno puede actuar se trata del 40 % del complejo. El resto se adentra más allá del límite fijado y es la comunidad autónoma la competente. Así que junto a su anuncio, Montero ha pedido al Gobierno de Juanma Moreno que «realice el mismo proceso y de forma coordinada para que pueda llevarse a cabo la demolición en su totalidad».

Problema encallado

Ambas instituciones estaban dispuestas a colaborar para acabar con un problema encallado en múltiples procesos judiciales. En 2011, Gobierno y Junta firmaron un protocolo para pagar a medias el derribo y la posterior restauración, pero la ausencia de seguridad jurídica ha dejado el proceso inconcluso.

Ahora es incluso aún peor, ya que la «reacción» del Gobierno se ha hecho sin consenso con la Junta y mostrando «falta de lealtad» con el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno andaluz se «alegra» de que por fin los de Sánchez «reaccionen» frente a un hotel «ilegal», que constituye un «atentado medioambiental perpetrado durante los gobiernos del PSOE-A». En todo caso, el Gobierno de Moreno «discrepa» con la fórmula anunciada por Montero, y le invita a actuar «por la vía más rápida».

Desde la Junta han deslizado la idea de que «no hace falta expropiar para demoler el edificio» sino que bastaría con que «el Ayuntamiento de Carboneras cumpla» el mandato del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía)”, y «declare nula la licencia de obras que otorgó en su día».

Para el PP-A, la expropiación no solucionará nada «ya que eternizará el proceso en caso de recurso judicial», por lo que propone que «el Ayuntamiento local declare nula la licencia de obras que el PSOE concedió en su día».