La niña que fue separada de su familia de acogida tras 17 meses: el caso llega a juicio

El futuro de una niña de siete años y la forma en la que terminó su acogimiento temporal llegan este lunes a los tribunales de Granada. La Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia celebrará la vista por la demanda presentada por una familia de Gójar que convivió con la menor durante 17 meses y se opuso a que fuera separada de su hogar para iniciar un proceso de adopción.

Los padres de acogida, Pepe Ferrer y Loli Gómez, cuestionan la actuación de la entonces Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y reclaman que la pequeña pueda regresar con ellos en régimen de acogida temporal.

También solicitan que se inste a la Junta a iniciar los trámites necesarios para que puedan convertirse en familia de acogida permanente o, en su caso, de adopción.

La familia asegura que su prioridad es el bienestar de la menor y matiza que, si actualmente se encuentra bien con la persona que finalmente la adoptó, no pretenden alterar esa situación. «Pero si no está bien, tiene su casa adonde acudir; que es con nosotros», sostiene Ferrer.

Diecisiete meses conviviendo con la menor

La niña llegó al domicilio de Gójar en diciembre de 2024. Según relata la familia en su demanda, lo hizo «en un estado físico lamentable» y padecía «terrores nocturnos».

Con el paso de los meses, aseguran, consiguió adaptarse tanto a la convivencia familiar como al colegio y a su entorno. Los acogedores sostienen que al final del proceso existía una integración plena y que la menor había establecido vínculos estables durante los 17 meses que permaneció con ellos.

La situación comenzó a cambiar en diciembre de 2025, cuando fueron informados de que se había decidido iniciar un procedimiento de adopción y un periodo de adaptación con una familia monoparental masculina.

Los acogedores mostraron entonces su oposición y solicitaron hacerse cargo de la niña de manera permanente al considerar que un nuevo cambio podía afectar a su «estabilidad emocional». Según su versión, la Administración les comunicó que la decisión ya «estaba tomada».

Un proceso de adaptación

La demanda sostiene que el primer intento de acercamiento con el posible padre adoptivo no tuvo el resultado esperado. La menor se habría negado a acudir a varias de las visitas programadas y, según los acogedores, «no asimiló» el cambio.

El 8 de abril la Administración acordó poner fin al acogimiento. Quince días más tarde, el 23 de abril, la menor fue recogida en su colegio con apoyo de la Policía autonómica.

Ese momento es uno de los principales motivos de reproche de la familia. Aseguran que la niña fue trasladada sin poder despedirse de ellos, de sus compañeros ni de las personas de su entorno, y que tampoco tuvo oportunidad de recoger sus pertenencias.

Después permaneció aproximadamente un mes y medio en un centro de protección de menores antes de que finalmente se materializara la adopción.

Una vista que se deberá revisar

La familia sostiene que durante varios meses desconoció cómo se encontraba la menor y critica que las familias acogedoras sean tratadas como «meros contenedores de niños», sin que su experiencia diaria con los pequeños tenga suficiente peso en decisiones que afectan directamente a su futuro.

El juicio de este lunes deberá analizar precisamente la decisión de terminar aquel acogimiento y las pretensiones formuladas frente a la Administración autonómica.

Ferrer y Gómez confían en que «se haga justicia» y reclaman también que un episodio como el vivido no vuelva a producirse de la misma manera. Su petición, insisten, no pasa por alterar una adopción que esté funcionando, sino por conseguir que prevalezca «el bien superior de la menor» y que, si fuera necesario, la niña pueda volver al hogar en el que vivió durante 17 meses.