«Patera-taxi» en Carboneras (Almería)
Almería
Treinta acusados por falsas denuncias de violencia de género para dar residencia a mujeres marroquíes
La Fiscalía sostiene que las mujeres eran puestas en contacto con hombres que las agredían en público para después presentarse como sus parejas y obtener permisos de residencia y, en algunos casos, prestaciones sociales
Treinta personas se sentarán en el banquillo en Almería por una supuesta trama diseñada para que mujeres marroquíes en situación irregular consiguieran la residencia legal en España mediante denuncias falsas por violencia de género. El mecanismo, según sostiene la Fiscalía, incluía agresiones pactadas en lugares públicos, declaraciones ante la Guardia Civil y el juez y posteriores sentencias que permitían a las mujeres presentarse oficialmente como víctimas.
El juicio está señalado para el próximo 7 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 del Tribunal de Instancia de Almería. Entre los acusados aparecen un hombre al que el Ministerio Público sitúa como principal responsable del sistema, 13 varones que habrían participado en las agresiones y 16 mujeres que supuestamente se beneficiaron del procedimiento.
La Fiscalía reclama ocho años y medio de prisión para el presunto cerebro de la trama. Para los hombres implicados solicita nueve meses de cárcel, mientras que las mujeres afrontan peticiones que pueden alcanzar los cinco años y tres meses.
Agresiones a la vista de testigos
El sistema habría funcionado entre 2017 y 2019. Según el escrito provisional de acusación, el principal investigado y otro hombre que actualmente se encuentra en búsqueda y detención habrían explicado a las mujeres cómo utilizar los mecanismos previstos para las víctimas de violencia de género con el objetivo de regularizar su situación.
Después eran puestas en contacto con hombres, en su mayoría españoles, con quienes acudían a lugares concurridos. Allí se producían las agresiones para que terceras personas pudieran presenciarlas. La investigación sitúa algunos episodios en paseos marítimos, parques, cafeterías, bares, avenidas e incluso entradas de colegios de Almería, Roquetas de Mar, Aguadulce, Vícar, El Ejido y Almerimar.
La Fiscalía sostiene que los hombres conocían que aquellas actuaciones tenían como finalidad que las mujeres obtuvieran la residencia, aunque no necesariamente sabían que posteriormente ellas declararían ante el juez que eran sus parejas, sin serlo, ni que algunas solicitarían además prestaciones públicas.
Los participantes habrían recibido cantidades que podían alcanzar los 4.500 euros por intervenir en el procedimiento.
De la denuncia al permiso de cinco años
Tras la agresión, las mujeres debían acudir a la Guardia Civil y posteriormente al juzgado asegurando que el agresor era su pareja. Los hombres reconocían los hechos y los procedimientos rápidos terminaban con sentencias de conformidad por lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.
Con esa resolución judicial, las denunciantes podían acudir pocos días después a la Oficina de Extranjería y solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales como víctimas de violencia de género. Según el escrito de acusación, mediante este procedimiento llegaron a obtener permisos con cinco años de vigencia.
La investigación considera que el beneficio no terminó ahí. Algunas de las acusadas habrían utilizado también su condición reconocida como víctimas para acceder a prestaciones públicas.
La Fiscalía recoge casos de mujeres que cobraron ayudas de la Renta Activa de Inserción por importes que alcanzaron los 5.600 euros y que ahora son reclamados dentro del procedimiento. Nueve de las acusadas responden además por presuntos delitos contra la Seguridad Social.
Hasta ocho años y medio
El Ministerio Público atribuye al considerado principal ideólogo un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro contra la Seguridad Social y un delito de falso testimonio. A las mujeres se les atribuye falso testimonio y, en determinados casos, fraude a la Seguridad Social.
Los hechos que ahora llegan a juicio dibujan, según la tesis provisional de la Fiscalía, una operativa que buscaba aprovechar de forma fraudulenta la protección que el ordenamiento reserva a las víctimas reales de violencia de género.
Será a partir del 7 de octubre cuando el tribunal examine las pruebas y determine la responsabilidad de cada uno de los 30 acusados. Hasta entonces, los hechos descritos forman parte de la acusación provisional del Ministerio Público y deberán ser acreditados durante el juicio.
