El asesor de Begoña Gómez lleva a los tribunales su cese en la Cámara de Cuentas andaluza

l expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Antonio Manuel López Hernández ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones judiciales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la «posible ilegalidad» de su cese como consejero del órgano fiscalizador decretado este martes por la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre (PP), al haber «incurrido en incompatibilidad sobrevenida para el cargo».

Así lo ha avanzado el propio López un día después de que Mestre declarase su cese en el cargo de consejero de la Cámara de Cuentas –puesto para el que fue reelegido en 2021 por el Pleno del Parlamento a propuesta del Grupo Socialista– por hasta «seis situaciones» que pueden motivar su cese en dicho cargo por «incompatibilidad sobrevenida», derivada de prestar asesoramiento legal a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a espaldas de un órgano que le paga por una «dedicación absoluta» a su cargo.

En un comunicado remitido a Europa Press, el que fuera presidenta de la Cámara de Cuentas expresa su «más absoluto rechazo a una decisión que, desde un punto de vista jurídico, podría constituir una actuación de extraordinaria gravedad, contraria a las garantías legales que protegen la independencia de los miembros de esta institución», por lo que pedirá al TSJA «la tutela de mis derechos y la revisión de las decisiones adoptadas, incluida, en su caso, la adopción de las medidas cautelares que procedan».

López recuerda que la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía establece que sus consejeros son elegidos por el Pleno del Parlamento «mediante mayoría cualificada y gozan de la garantía legal de inamovilidad durante su mandato», una garantía que, a su juicio, «no es un privilegio personal, sino una condición esencial para asegurar su independencia frente a posibles injerencias políticas o institucionales».

Sin consultar al Parlamento

Junto a ello, destaca que el acuerdo de la Cámara de Cuentas para avalar su cese «no fue adoptado por unanimidad, sino únicamente con el respaldo de cuatro de los siete consejeros que integran su Pleno, precisamente los propuestos por PP y Vox» y critica que esta mayoría haya «servido para impulsar una decisión de extraordinarias consecuencias institucionales, posteriormente ejecutada por la presidenta del Parlamento, sin someterla a la consideración del órgano parlamentario que tiene atribuida la elección de los consejeros».

«Lo que ha ocurrido es difícil de comprender en un Estado de derecho: fui elegido consejero por una mayoría cualificada del Parlamento andaluz y he sido cesado por la decisión de una sola persona, su presidenta, sin que el Pleno del Parlamento haya podido siquiera pronunciarse», añade López, que advierte de que «si esta interpretación se consolidara, la garantía de inamovilidad de los consejeros de la Cámara de Cuentas quedaría seriamente comprometida», por lo que «todo hace pensar que estamos ante una posible extralimitación competencial de tremenda gravedad».

En este sentido, argumenta que «ni el Pleno de la Cámara de Cuentas ni la Presidencia del Parlamento pueden atribuirse competencias que, conforme a una interpretación no interesada de la legalidad vigente, corresponden al Pleno de la Cámara legislativa, especialmente cuando se trata de apreciar causas de cese que requieren una valoración jurídica, como la supuesta incompatibilidad sobrevenida».

A su juicio, «resulta especialmente llamativo que el propio acuerdo de la Cámara de Cuentas reconozca expresamente que el Reglamento vigente no atribuye de manera específica a su Pleno la competencia para declarar estas causas de cese, pretendiendo justificar su actuación mediante una interpretación de la normativa y la referencia a disposiciones de un reglamento anterior ya derogado».

Por todo ello, López concluye que «esta actuación no solo afecta a mis derechos e intereses legítimos, sino que plantea un precedente institucional de enorme preocupación: que las garantías de inamovilidad e independencia de los consejeros de un órgano de control externo puedan quedar vaciadas de contenido mediante decisiones adoptadas al margen del órgano parlamentario que los eligió».

«No estamos, por tanto, únicamente ante una controversia sobre mi situación personal, sino ante una cuestión de respeto a la legalidad, a las competencias del Parlamento y a la independencia de una institución que debe ejercer sus funciones de fiscalización sin interferencias ni condicionamientos», subraya López, que confía en que «los tribunales restablezcan la legalidad y garanticen el respeto a los principios de competencia, independencia institucional e inamovilidad que deben presidir el funcionamiento de la Cámara de Cuentas».