El juez reactiva la causa de la formación con la imputación de seis ex altos cargos del PSOE en la Junta

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha citado como investigados a seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía socialista en la macrocausa de los cursos de formación, una investigación abierta en marzo de 2014. Las declaraciones se celebrarán el próximo 17 de noviembre, más de 12 años después del inicio de unas diligencias marcadas por controversias sobre los plazos de instrucción.

Los citados son tres antiguos consejeros de Empleo, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila, y tres exgerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE): Antonio Toro Barba, Alejandra María Rueda Cruz y Pedro Eugenio Gracia. Todos ellos fueron llamados a la causa en junio de 2015, pero sus comparecencias no se han fijado hasta ahora, después de que los peritos de la Intervención General del Estado y de la Junta tardaran seis años en presentar sus informes.

Las defensas de varios investigados sostienen que esos documentos no aportan «nada nuevo» a la investigación. Vilaplana, sin embargo, considera que las declaraciones constituyen «diligencias rezagadas» y rechaza que el transcurso de los plazos impida practicarlas. En un auto de 68 folios, adelantado por Diario de Sevilla, el instructor invoca doctrina del Tribunal Supremo y aplaza hasta el final de la instrucción la resolución de las peticiones de sobreseimiento planteadas por otras defensas de la denominada pieza política.

Las diligencias previas 966/2014 fueron abiertas el 7 de marzo de 2014 por la entonces instructora, Mercedes Alaya, para investigar posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental en la gestión de subvenciones a la formación profesional para el empleo entre 2009 y 2012. La Audiencia de Sevilla fijó el 27 de febrero de 2020 como fecha límite para investigar esta pieza. Sin embargo, el actual instructor sostiene que la expiración de los plazos no debe traducirse automáticamente en impunidad.

Para fundamentar su posición, Vilaplana recuerda que las ayudas estaban cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y alude tanto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Paralelamente, ordena a la Consejería de Empleo digitalizar 508 expedientes de subvenciones, además de otros correspondientes a Cádiz, Granada y Huelva. La operación contará con la colaboración de la Intervención y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de garantizar la cadena de custodia.

El núcleo de la investigación es la presunta falta generalizada de control sobre las ayudas gestionadas por el SAE, tanto desde sus servicios centrales como desde las delegaciones provinciales. Según el auto, los responsables habrían permitido, por acción u omisión, incumplimientos en la concesión, el pago y la justificación de las subvenciones. El juez sitúa parte del mecanismo en la aplicación de la orden de la Consejería de Empleo del 23 de octubre de 2009.

La resolución describe dos procedimientos que habrían facilitado el funcionamiento del sistema. Por un lado, los certificados de finalidad, utilizados para liberar el último pago sin una comprobación efectiva de las actividades subvencionadas. Por otro, las resoluciones de exoneración o exceptuación, que permitían seguir abonando ayudas a entidades que todavía no habían justificado otras anteriores. La ley prohíbe esos pagos, salvo excepciones motivadas por circunstancias de especial interés social, que, según el instructor, se habrían fundamentado de forma genérica.

Entre las resoluciones examinadas figura la del 17 de diciembre de 2009, firmada por Antonio Fernández a propuesta de Manuel Brenes Rivas, que benefició a 473 entidades con 2.389 subvenciones pendientes de justificar, por unos 327 millones de euros. Un año después, Manuel Recio firmó otra resolución que afectó a 365 entidades y 2.023 subvenciones sin justificar, por 306 millones.

En 2011 se aprobaron cuatro resoluciones de exoneración y, en diciembre de 2012, Antonio Ávila Cano firmó una nueva que alcanzó a 1.162 entidades cuando había cerca de 1.000 millones de euros pendientes de justificar.

Los informes de la Intervención General de la Junta, la Cámara de Cuentas, la Inspección de Trabajo y la UCO recogen deficiencias en numerosos expedientes, como la ausencia de baremación de solicitudes y la falta de comprobación de que los beneficiarios estuvieran al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, una carencia detectada en el 96,85 % de los expedientes analizados. También se señalan facturas sin compulsar, gastos no elegibles, pagos en efectivo y ausencia de comprobaciones formales y materiales.

Las anomalías alcanzaban igualmente a las ayudas vinculadas a compromisos de contratación, puesto que ninguno de los expedientes examinados habría cumplido lo pactado en número de trabajadores, jornada o modalidad contractual. A finales de 2015, los pagos vencidos pendientes de justificar desde hacía cuatro años ascendían a 328.129.136,92 euros.

La pieza cuenta con 26 investigados, entre ellos antiguos directores generales de Formación, responsables provinciales del SAE y jefes de servicio o gerentes. Dos han fallecido y su responsabilidad penal se declaró extinguida. La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales, sin que las irregularidades descritas supongan por sí mismas una declaración de culpabilidad.