El exconsejero de Empleo Antonio Fernández (izq.), a su llegada a la Audiencia de Sevilla (archivo)
Andalucía El laberinto judicial de los cursos de formación: 12 años tras 950 millones sin justificar por el PSOE
La UCO habla de «numerosas irregularidades» en la concesión, gestión y justificación de las ayudas y señala una actuación «concertada y coordinada» entre antiguos responsables del SAE
Hay una cifra que vuelve a colocar la gestión del PSOE en la Junta de Andalucía bajo el foco judicial: 950 millones de euros. Es el volumen de ayudas de formación que, según el último atestado de la UCO, quedaron pendientes de justificar sin que se iniciaran los correspondientes expedientes de reintegro. La cifra, que supera ampliamente los cerca de 680 millones vinculados a los ERE, habla de la dimensión económica de esta causa.
Pero hay una diferencia esencial. Los 950 millones no son una cantidad de fraude declarada judicialmente. Se trata del volumen de subvenciones que la Guardia Civil sitúa bajo sospecha por falta de justificación y control. La UCO habla de «numerosas irregularidades» en la concesión, gestión y justificación de las ayudas y señala una actuación que, a su juicio, fue «concertada y coordinada» entre responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La magnitud económica permite entender la comparación con los ERE. La pieza política de aquella macrocausa terminó situando en torno a 680 millones los fondos adjudicados entre 2000 y 2009 que fueron objeto de condena. Ahora, la investigación de los cursos de formación vuelve a poner la lupa sobre la etapa de gobierno del PSOE en Andalucía y una gestión de cientos de millones de euros en ayudas públicas.
La historia judicial de los cursos, sin embargo, ha sido todavía más sinuosa. Mercedes Alaya abrió la causa en 2014 para investigar la gestión de las políticas de formación para el empleo. Dos años después, María Ángeles Núñez Bolaños archivó la pieza principal al no apreciar indicios delictivos en la actuación de los altos cargos investigados. La Fiscalía Anticorrupción también había solicitado entonces el archivo al apreciar solo defectos administrativos.
El caso regresó a los tribunales en 2019. La Audiencia de Sevilla estimó parcialmente un recurso del PP andaluz y ordenó continuar la investigación iniciada por Alaya. En concreto, el tribunal reclamó profundizar en 18.023 ayudas relacionadas con la Formación Profesional para el Empleo, de las que 6.273 correspondían al periodo 2009-2012. Ese era precisamente el tramo temporal sobre el que ahora vuelve a pronunciarse la Guardia Civil.
En 2020, el juez José Ignacio Vilaplana pidió un nuevo informe a la UCO. Quería aclarar, entre otras cuestiones, si las pesquisas anteriores habían examinado directamente los expedientes físicos o si se habían limitado a la información disponible en las bases de datos de la Junta. Las defensas habían planteado que parte de la documentación ausente podía haberse perdido durante la migración al programa informático Júpiter.
La respuesta policial llegó el pasado 25 de marzo, casi seis años después. La UCO asegura que, además de utilizar la información del sistema Júpiter, revisó expedientes físicos y recurrió a auditorías de la Intervención de la Junta, la Cámara de Cuentas y otros organismos. Su conclusión vuelve a situar en el centro de la investigación el funcionamiento de los controles sobre las subvenciones concedidas durante los gobiernos socialistas.
Según el atestado, se utilizaron de forma sistemática certificados de finalidad y resoluciones de exceptuación. Los primeros debían acreditar el cumplimiento de las condiciones de las ayudas, mientras que las segundas permitían exonerar excepcionalmente de determinadas obligaciones de justificación. La Guardia Civil sostiene que ambos mecanismos terminaron utilizándose de manera que beneficiarios que no habían justificado correctamente ayudas anteriores pudieron seguir accediendo a nuevos fondos públicos.
La UCO apunta además a 28 posibles responsables, entre ellos cuatro antiguos directores generales de Formación para el Empleo, nueve delegados provinciales y 11 jefes de servicio, además de gestores de consorcios. Entre los investigados aparece Antonio Fernández, antiguo consejero de Empleo y presidente del SAE, que también fue condenado en el caso ERE. La conexión entre ambas causas vuelve a quedar palpable.
Pero la investigación también ha llegado hasta aquí después de ser fragmentada en numerosas piezas. Núñez Bolaños dividió la macrocausa en diferentes procedimientos que abordaron, entre otros asuntos, las ayudas concedidas a empresas vinculadas al empresario Ángel Ojeda, al grupo Pérez González, a la Faffe o a determinados consorcios de formación. El resultado fue que en la pieza principal quedó concentrada la cuestión más general: si la cúpula administrativa del sistema permitió que se concedieran y mantuvieran subvenciones sin los controles exigibles.
Ahora el reloj judicial vuelve a ser protagonista. Vilaplana tenía previsto trasladarse a Córdoba, pero el Consejo General del Poder Judicial ha prorrogado su permanencia en Sevilla para que pueda culminar investigaciones abiertas, entre ellas las relacionadas con las ayudas de formación y otras piezas de la macrocausa de los ERE. La nueva prórroga permite al magistrado disponer de más tiempo para decidir si los indicios acumulados justifican continuar el procedimiento contra los antiguos responsables.
Vilaplana deberá valorar si los indicios reunidos justifican el procesamiento de los antiguos responsables investigados o si procede nuevamente el archivo. 12 años después de que Alaya abriera la causa, la pregunta sigue siendo esencialmente la misma: qué ocurrió con el sistema de control de aquellas subvenciones. La diferencia es que ahora la UCO ha puesto sobre la mesa una cifra de 950 millones y 28 posibles responsables.
