La UCO detecta 'enchufes' a medida de familiares de cargos del PSOE en la Faffe cuando ya iba a ser disuelta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado nuevas presuntas irregularidades en la contratación de personal de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Un informe de 231 páginas remitido al juez José Ignacio Vilaplana concluye que varios trabajadores vinculados familiarmente con dirigentes socialistas accedieron a la entidad mediante procedimientos opacos y, en algunos casos, cuando ya estaba prevista su desaparición.

El documento, entregado el pasado 29 de julio y adelantado por ABC, analiza diez expedientes de contratación dentro de la investigación sobre el supuesto enchufismo de 84 empleados de la fundación durante la etapa de gobierno socialista en Andalucía. Tras revisar la documentación, el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil considera que las incorporaciones se aproximaron a «un proceso de libre designación más que a uno de libre concurrencia» y fueron «llevadas a cabo de manera arbitraria y discrecional».

Los investigadores sitúan estas contrataciones en una entidad que recibió alrededor de 300 millones de euros de fondos públicos durante los ocho años que permaneció activa, entre 2003 y 2011, para –en teoría– llevar a cabo programas de formación para desempleados. Según la UCO, algunos responsables intercambiaron correos para identificar a personas relacionadas con cargos del PSOE y facilitar su incorporación, llegando a ordenar «destruir» los mensajes después de leerlos.

Uno de los documentos destacados por la investigación es un correo enviado el 16 de marzo de 2011 por Antonio Jiménez Cuenca, entonces director de Recursos Humanos de la Faffe, a la adjunta a la Dirección de Desarrollo de Personas donde se incluía «un listado de personas vinculadas familiarmente a cargos del PSOE» para su colocación.

Entre los nombres figuraban Antonio J. A. A., hijo de una antigua concejal socialista de Sevilla; Cristina G. R., sobrina de Mercedes Rodríguez-Piñero, quien fuera presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), y Mónica F. F., señalada como «nuera de Carmen Mejías», quien por entonces era gerente del Centro de Estudios Andaluces, el equivalente autonómico al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los tres expedientes forman parte de los diez examinados por la Guardia Civil, que detecta un patrón similar en todos ellos: «No consta ningún tipo de documentación que acredite la existencia de un proceso de selección, y en otras en las que, a pesar de haberse iniciado un supuesto proceso de selección, éste no se ha ajustado a la normativa vigente». La normativa de las fundaciones públicas exigía publicidad de las vacantes mediante ofertas al SAE o anuncios en prensa, pero se utilizó una «base interna» de empleo.

La ausencia de controles no se limitaría a la publicidad de los puestos. La legislación establecía que los candidatos debían someterse previamente a una valoración objetiva de sus méritos. Sin embargo, los agentes no localizaron baremaciones curriculares, pruebas psicométricas ni casos prácticos en los expedientes estudiados. En determinados procedimientos, además, la entrevista personal habría sido prácticamente la única prueba, y se convocaba a candidatos que ya habían sido previamente seleccionados.

La UCO también aprecia anomalías en las condiciones posteriores a la contratación. Los trabajadores fueron incorporados como personal laboral temporal, una fórmula que, según el informe, «estaba permitida solo en casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes que no pudieran ser atendidas por personal laboral fijo». En algunos casos, sin embargo, «se sobrepasó holgadamente» el límite legal de 12 meses consecutivos. Tampoco aparecen, según los investigadores, determinados informes y autorizaciones presupuestarias exigidos.

El momento en que se produjeron algunas incorporaciones constituye otro de los elementos que la Guardia Civil considera relevante. Al menos dos personas fueron contratadas «cuando ya se sabía que la misma iba a ser extinguida», después de que el Consejo de Gobierno acordara el 27 de julio de 2010 su integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), junto con sus más de 1.600 trabajadores. Para los investigadores, esas incorporaciones pudieron buscar una continuidad laboral más allá de la fundación.

Entre los casos analizados figuran Ramón H. R. y María Araceli G. E., incorporados cinco días y dos meses después, respectivamente, de que se acordara la desaparición de la Faffe. Ambos acabaron integrándose en el SAE y continúan allí como personal fijo. La UCO plantea que «ambas contrataciones pudieran haber tenido como finalidad, precisamente, el acceso de estas personas a la opción de ser subcontratadas en el SAE».

El informe recoge además ejemplos de puestos que, según los agentes, pudieron diseñarse para favorecer a candidatos concretos. Es el caso de Cristina G. R., incorporada en 2008 como técnica para trabajar en prevención de riesgos laborales. La plaza exigía «dominio de italiano e inglés», un requisito que la UCO considera «aparentemente innecesario» para las funciones previstas, pero que coincidía con el hecho de que la candidata hubiera disfrutado de una beca Erasmus en Italia.

La investigación deberá determinar ahora si estas irregularidades tienen relevancia penal y si existen responsabilidades individuales. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ya imputó en enero de 2025 a 21 antiguos cargos de la Faffe y responsables de empresas proveedoras por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La fundación estuvo dirigida por Fernando Villén, condenado en 2023 a seis años de prisión por gastar 32.556 euros de fondos públicos en prostíbulos mediante tarjetas oficiales.