Una nueva causa contra el exdirector de la Faffe revive el fraude socialista de los cursos de formación

La extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida por su acrónimo Faffe, se concibió como un instrumento para formar a los desempleados en Andalucía. Sin embargo, acabó siendo un nido de corrupción para satisfacer los vicios y enchufes del PSOE. Este pasado fraudulento se revive ahora con una nueva causa contra su exdirector general, Fernando Villén, ya condenado por gastar dinero público en prostíbulos y contratar ilegalmente al exalcalde de Lebrija (Sevilla).

El juez de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado continuar el procedimiento abreviado contra Villén y otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa socialista por las irregularidades detectadas en subvenciones concedidas al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando (Cádiz).

En concreto, los otros cinco procesados son el exdelegado de Empleo de la Junta en Cádiz y expresidente del CTI, Juan Manuel Bouza Mera, y los exdirectores generales de Formación María Josefa Lara, Andrés Sánchez, Manuel Brenes y María Teresa Florido. Esta última fue antes concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y era cuñada del Ángel Ojeda, el exconsejero y empresario también involucrado en la trama que falleció en 2021.

El paso dado por el juez supone la antesala del juicio oral y se enmarca en el fraude de los cursos de formación. En esta pieza concreta se investigan subvenciones concedidas entre 2007 y 2010 que suman 4,8 millones de euros y cuyo destino efectivo sigue rodeado de dudas. Según la instrucción, el Consorcio de San Fernando recibió ese dinero para impartir los cursos, pero las acciones formativas corrieron a cargo de la Faffe.

Se sospecha incluso que los cursos subvencionados no llegaron a celebrarse y que parte del dinero se desvió mediante facturación irregular. De hecho, uno de los elementos más relevantes del caso es la falta de documentación que acreditara el destino del dinero público. El análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó grandes cantidades sin justificar en varios ejercicios presupuestarios.

Subvenciones sin justificar

En la subvención de 2007 no se aportó documentación para justificar 668.871,14 euros, más de la mitad del dinero recibido. En 2008 quedaron sin justificar 100.000 euros. Para 2009 la cantidad ascendía a 338.135,23 euros, también más de la mitad de la ayuda, mientras que en 2010 faltaba documentación para justificar otros 73.458,95 euros.

Funcionarios de la Junta que revisaron los expedientes declararon que «no habría documentación suficiente para justificar el destino de las subvenciones, pues se encontrarían prácticamente vacíos». Además, se percataron de «la ausencia de documentación esencial para poder dar por justificado el destino y buen fin de la correspondiente subvención».

El juez sostiene que la gestión de estas ayudas se produjo en un contexto de controles debilitados o directamente eludidos. Según la resolución judicial, se permitió continuar concediendo subvenciones incluso cuando las anteriores no habían sido justificadas. Para ello se utilizaron resoluciones de exoneración o exceptuación que permitían seguir pagando ayudas pese a que el beneficiario no hubiera acreditado el destino de fondos previos.

La investigación también apunta a numerosas irregularidades en la gestión de los cursos. El juez menciona «incrementos y sobrecostes no justificados o autorizados», inicios de actividades sin autorización previa y una ausencia casi total de seguimiento y evaluación de los programas formativos.

Además, se habrían imputado gastos no subvencionables y se emitieron «certificados de finalidad» que permitían liberar el último pago de las ayudas «sin un examen real» de los expedientes. Según el instructor, los exdirectores generales investigados habrían permitido «múltiples y graves incumplimientos de la normativa legal» en materia de subvenciones.

Las irregularidades detectadas llevaron a la Junta a iniciar en 2013 expedientes de reintegro por la totalidad de las subvenciones concedidas al consorcio entre 2007 y 2010, que ascendían a 4.822.855 euros. Sin embargo, el proceso administrativo terminó sin recuperar el dinero.

Las fiestas en burdeles que se corrió Villén con dinero público son la parte más morbosa y llamativa de la corrupción en la Faffe. Sin embargo, lo que ocurrió en el seno del ente autonómico iba más allá. Su exdirector, Fernando Villén, es la cara visible de esta trama, amparada por los sucesivos Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. Villén acumula ya dos condenas, la última por enchufismo. En esta causa puede llegar la tercera.