Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio de los ERE

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio de los EREEuropa Press

Corrupción socialista

Caso Faffe: prostíbulos, enchufes y grandes pufos con cargo a los andaluces

Las fiestas de Villén son la parte más morbosa del nido de corrupción que fue la Faffe, que también destacó como agencia de colocación y sumidero de dinero público

El que fuera director general técnico de la Faffe, Fernando Villén, ha sido condenado a seis años de cárcel por usar tarjetas bancarias de la extinta fundación adscrita a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para el pago, con dinero público, de sus cuentas en prostíbulos, después de un juicio donde quedó patente, a tenor de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, una parte de las corruptelas que tuvieron lugar en el ente.
Las fiestas en burdeles que se corrió Villén entre 2004 y 2010 son la parte más morbosa del nido de corrupción que fue la Faffe, siglas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un ente que en 2003 crea el Gobierno autonómico del socialista Manuel Chaves para formar a personas en paro y fomentar el empleo en la comunidad. Nada más lejos de la realidad.
Fernando Villén realizó 43 pagos con tres tarjetas de la Faffe en cinco clubes de alterne de Sevilla, Córdoba y Cádiz por un importe total de 32.566 euros. En el Don Angelo (Sevilla), su favorito, gastó 25.277 euros en seis días (29 cargos). Su bacanal más sonada tuvo lugar allí entre las 20:57 del 22 de marzo de 2010 y las 2:43 del día siguiente. Dicha juerga le costó a los andaluces 14.737 euros (16 cargos).
Se da la circunstancia de que en aquella jornada el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, llevó a cabo una remodelación de su Gobierno en la que cambió de consejero de Empleo, del que dependía la Faffe, prescindiendo de Antonio Fernández, condenado en el caso ERE, y sustituyéndolo por Manuel Recio.
Se desconoce si algún miembro del Gobierno de Griñán participó en la juerga de Villén. El exdirector general de la Faffe se resistió durante el juicio a desvelar quién lo acompañaba en aquella fiesta en el Don Angelo, ni siquiera quiso revelar el motivo por el que fue al local aquella noche, por mucho que el fiscal Anticorrupción Fernando Soto le insistiera.
«Esa gran juerga u orgía fue de tal calibre que al día siguiente Villén se inventó que le habían robado la tarjeta y que algún desaprensivo se había gastado esos 14.000 euros en el Don Angelo», apuntó el fiscal al inicio del juicio, que quedó visto para sentencia con esta incógnita.

Una agencia de colocación

No obstante, la Faffe destacó también como agencia de colocación. En 2011 quedó disuelta, y entonces toda su plantilla se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como en el caso de Carmen Ibanco, esposa del actual secretario del PSOE de Andalucía, Juan Espadas. Según la investigación judicial, de los 1.200 empleados que llegó a tener el ente durante su existencia, alrededor de 200 estaban vinculados al partido.
En 2018, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) llevó ante el juez una lista con los nombres y apellidos de 85 enchufados socialistas, entre los que se encontraban exalcaldes y concejales del PSOE andaluz; la esposa, el cuñado y un sobrino de Fernando Villén; dos familiares del exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías, o la propia esposa de Juan Espadas.
El «Fondo» –así denominaban sus empleados al ente– manejó 252 millones de euros en ayudas entre 2003 y 2011, dejando 55,64 sin justificar, según la Cámara de Cuentas; aunque sus directivos dispusieron de ocho tarjetas opacas asociadas a tres cuentas corrientes con un saldo de 828 millones, una cifra superior al dinero malversado en el caso ERE, y sólo entre 2007 y 2009 recibió 134,3 millones de subvenciones de la Junta.
El Gobierno de José Antonio Griñán (2009-2013) continuó regando con dinero público la Faffe hasta su misma disolución e integración en el SAE, que se produjo el 2 de mayo de 2011. De hecho, dos semanas antes, el mismo día en que acordó su cierre, el 19 de abril, le concedió una ayuda de 16,6 millones, dinero público que se fue por el sumidero, como el resto. Pero daba igual: los andaluces pagaban.
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