Mazazo judicial a UGT: el Supremo le obliga a devolver 18,3 millones a la Junta de Andalucía

Mazazo judicial para la UGT en Andalucía. El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación del sindicato contra una condena que lo obligaba a devolver 18,3 millones de euros a la Junta de Andalucía y que ahora es firme, poniendo fin así a una larga batalla judicial por las subvenciones destinadas a cursos de formación profesional para desempleados.

La sentencia, dictada el pasado 5 de octubre y adelantada por El Español, confirma el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al considerar acertada su conclusión de que «todo empresario privado es libre para mejorar el salario correspondiente según el convenio colectivo aplicable, pero habrá de hacerlo con cargo a sus fondos privados, y no los fondos públicos que representan una subvención».

El conflicto tiene su origen en la revisión administrativa del expediente relativo al programa de formación profesional ocupacional conocido internamente como 'Forman XX'. Tras detectar irregularidades en la justificación de los gastos, el Gobierno socialista de Susana Díaz ordenó el reintegro de la subvención el 16 de septiembre de 2015. La reclamación fue ratificada el 14 de octubre de 2019 por el posterior Gobierno de Juanma Moreno (PP) con Ciudadanos, que desestimó el recurso presentado por el sindicato.

La cantidad reclamada asciende a 18.319.183,71 euros. De esa cifra, 13.118.971,22 euros corresponden al principal de la ayuda que la Administración considera indebidamente justificada, mientras que los 5.200.212,49 euros restantes son intereses de demora acumulados durante el procedimiento. UGT Andalucía, por su parte, defendió que los 341 cursos subvencionados, en los que participaron 4.530 alumnos desempleados, se habían acreditado correctamente ante la Junta.

La disputa se centró especialmente en el denominado plus de actividad, un complemento salarial con cargo a la subvención. La Junta sostuvo que «los gastos subvencionables deben limitarse a referencias objetivas, verificables y controlables, como son los mínimos legales o las cuantías establecidas en convenio colectivo».

UGT Andalucía acudió a los tribunales con el objetivo de evitar la devolución de la subvención. El TSJA, en una sentencia del 14 de diciembre de 2023, estimó parcialmente sus pretensiones, pero mantuvo intacta la cantidad que debía reintegrar. El sindicato recurrió entonces al Supremo, al considerar que los salarios abonados a los trabajadores encargados de impartir y coordinar los cursos podían superar las tablas mínimas de los convenios. También alegó inseguridad jurídica por la existencia de criterios más flexibles en resoluciones de la sede judicial de Granada.

Los magistrados del Supremo destacan que el TSJA tiene razón al respaldar «que el plus de retribución abonado voluntariamente por la empresa, por encima de lo previsto en el convenio, no puede tener la consideración de gasto que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada ni es un gasto que resulte estrictamente necesario para la realización de la actividad subvencionada».

«La causa de este precepto no es otra que la de evitar que, por ejemplo, en materia de nóminas, la entidad subvencionada pueda decidir discrecionalmente el salario que abona a los empleados contratados con los fondos subvencionales, que recordemos son fondos públicos que corresponden a una determinada finalidad», añaden.

El Supremo recuerda, por último, que «el abono de las nóminas a los empleados contratados para la ejecución de la actividad subvencionada debe ir de la mano del cumplimiento de la normativa laboral y convencional, respetándose en todo caso las tablas salariales», desestimando el recurso de UGT, que deberá devolver más de 18 millones de euros a la Junta con esta decisión.