Granada ha pasado de 53.910 electores residentes en el extranjero a finales de 2023 a 62.594
Elecciones generales
El aumento del censo exterior en Granada agita el temor a un posible «pucherazo» en las generales
La provincia suma casi 9.000 electores residentes en el extranjero desde finales de 2023, mientras el Constitucional deja vigente la suspensión cautelar del voto de miles de nacionalizados por la ley de nietos
El crecimiento del censo electoral de españoles residentes en el extranjero ha encendido las alarmas de Vox en Granada a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación denuncia un posible intento de «pucherazo» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez mediante la conocida como ley de nietos y advierte de que las nuevas inscripciones podrían resultar decisivas en el reparto de diputados.
La portavoz adjunta de Vox en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha señalado que en Granada se han incorporado unos 10.000 electores al censo desde la entrada en vigor de esta normativa. La dirigente relaciona este incremento con los ajustados resultados de las últimas elecciones generales, en las que el PSOE se quedó a varios miles de votos de conseguir otro escaño por la provincia.
«Esto ya no va de suposiciones ni de hipótesis», ha afirmado Badanelli, quien sostiene que los datos conocidos respaldan las sospechas de su partido. No obstante, el aumento del número de electores no demuestra por sí mismo la existencia de un fraude electoral.
Casi 9.000 electores más fuera de España
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística difundidos por Vox, Granada ha pasado de 53.910 electores residentes en el extranjero a finales de 2023 a 62.594, lo que supone 8.684 inscritos más, aproximadamente un 16 %.
El presidente provincial de Vox, Ricardo López Olea, ha advertido de las posibles consecuencias electorales de este crecimiento y ha reclamado mayores controles sobre las inscripciones.
La formación recuerda que en las generales de julio de 2023 una diferencia de menos de 10.000 votos resultó determinante para el reparto del último diputado por Granada, una provincia que eligió siete representantes en el Congreso.
Uno de los casos más llamativos se encuentra en Murtas, un pequeño municipio de la Alpujarra granadina donde 1.067 electores residen en el extranjero frente a 332 inscritos en España. Esto significa que aproximadamente tres de cada cuatro personas con derecho a voto viven fuera del país.
Sin embargo, no todas las nuevas incorporaciones al censo exterior pueden atribuirse automáticamente a la ley de nietos, ya que también influyen otros factores, como los cambios de residencia y las personas que alcanzan la mayoría de edad.
El Constitucional mantiene de hecho el freno al voto
El Constitucional consideró prematura la impugnación porque todavía continúa abierto el procedimiento ante el Supremo. Su decisión no resuelve el fondo del conflicto, pero permite que sigan vigentes las restricciones electorales acordadas judicialmente.
El Supremo había confirmado el 12 de octubre la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la ley de nietos. La medida alcanza a 163.020 personas en toda España, aunque contempla excepciones para quienes acrediten mediante certificación consular que cumplen los requisitos legales relacionados con la descendencia de españoles exiliados.
La suspensión afecta tanto a nuevas inscripciones como a los efectos electorales de otras ya realizadas. No supone, en cambio, la anulación de la nacionalidad española de los afectados.
El Gobierno ha cuestionado estas restricciones por considerar que pueden vulnerar el derecho al sufragio de ciudadanos españoles, mientras que el Supremo mantiene las cautelas para preservar las garantías del censo electoral.
El voto exterior, bajo vigilancia para el 29-N
La controversia también ha llegado a la Junta Electoral Central, que ha permitido preparar el envío de documentación electoral a los residentes en el extranjero, aunque con una advertencia expresa sobre las suspensiones acordadas por el Supremo.
Por su parte, Vox ha elaborado un mapa interactivo con el que pretende mostrar las provincias donde considera que el crecimiento del censo exterior podría alterar el reparto de escaños. Granada figura entre los territorios que la formación señala con mayor preocupación.
Badanelli ha insistido en que su partido seguirá utilizando la vía judicial para denunciar las irregularidades que considera existentes y ha llamado a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas el próximo 29 de noviembre.
Mientras tanto, la aplicación de las medidas cautelares y la revisión de los expedientes siguen condicionadas por los plazos electorales. La cuestión pendiente es determinar qué inscripciones cumplen los requisitos exigidos, sin que hasta ahora exista una sentencia definitiva que acredite el fraude denunciado por Vox.
