Juan María González Mejías, antiguo miembro del Consejo Rector de IDEA
Imputan a un sobrino de Felipe González y a otros 17 ex altos cargos del PSOE en Andalucía por el caso Santana
El juez investiga a González Mejías como miembro del organismo público que autorizaba operaciones de financiación vinculadas a la compañía incluso después de que se acordara la liquidación de la fábrica
Juan María González Mejías, un sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, se encuentra entre los 18 imputados en una pieza de la macrocausa abierta por la inyección millonaria de dinero público que recibió Santana Motor bajo distintos gobiernos del PSOE en Andalucía. En este procedimiento, el juez José Ignacio Vilaplana investiga presuntas irregularidades en la gestión de ayudas a extrabajadores de la factoría automovilística.
Junto con González Mejías figura Francisco del Río Muñoz, quien fundó y dirigió durante tres décadas el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía (1982-2012). Ambos formaron parte del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo público que autorizaba operaciones de financiación vinculadas a la compañía y a sus empresas auxiliares, incluso después de que se acordara la liquidación de la fábrica en abril de 2011.
Entre los investigados también se encuentran Antonio Ávila Cano, exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia y expresidente del Consejo Rector de IDEA; los antiguos viceconsejeros Luis Nieto Ballesteros y Justo Mañas Alcón, y Antonio Valverde Ramos, ex director general de la agencia. La lista de imputados incluye asimismo a Francisco José Morillo Sánchez, Juan Carlos Soriano Hernández, Francisco Triguero Ruiz e Isabel de Haro Aramberri, que fueron vocales del organismo.
El magistrado ha citado a declarar a los investigados en una resolución dictada el pasado 16 de octubre por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La causa, abierta en marzo de 2025, examina posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental en la aplicación del Plan Linares Futuro, un programa impulsado por el PSOE en la Junta de Andalucía para atender a los trabajadores afectados por el cierre de la fábrica
En un auto de 38 páginas, tal y como ha adelantado ABC, Vilaplana describe el supuesto uso irregular de las transferencias de financiación, un instrumento presupuestario que permitía trasladar grandes cantidades de dinero desde IDEA sin someter las operaciones a los controles fiscales ordinarios. Según el instructor, este mecanismo se habría empleado para «dar soporte irregular a compromisos asumidos» por la Junta de Andalucía y los sindicatos UGT y CC. OO.
El juez analiza «el pago de anticipos de supuestas ayudas» a 750 extrabajadores «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita» de los fondos públicos.
Una de las líneas de investigación se refiere a las operaciones realizadas después de que Santana Motor acordara su liquidación el 29 de abril de 2011. Según el juez, IDEA llevó a cabo sucesivas ampliaciones de capital de su filial Incuba que permitieron canalizar más de 44 millones de euros hacia la compañía. El instructor pretende determinar si estos movimientos se ajustaron a la legalidad y si se utilizaron fondos públicos con una finalidad distinta de la prevista presupuestariamente.
Plan Linares Futuro
El Plan Linares Futuro se articuló a partir de un acuerdo marco firmado el 14 de febrero de 2011 entre el Gobierno andaluz y los sindicatos. La iniciativa contemplaba una alternativa laboral para 727 extrabajadores mediante prestaciones mensuales y la supuesta recolocación en cinco empresas tecnológicas que nunca llegaron a instalarse en Linares (Jaén). La investigación analiza si los compromisos adquiridos justificaban los pagos efectuados y si existía cobertura legal para realizarlos.
El quebranto económico atribuido al programa asciende a 2.776.265 euros. De esta cantidad, 919.032,35 euros corresponden a anticipos entregados a 750 extrabajadores «en concepto de ayudas que no les han sido concedidas» y cuyo reintegro no reclamó la agencia autonómica. Otros 1.497.343,36 euros se canalizaron mediante un préstamo sin garantías de devolución a la Asociación Promoción Social 28 de Febrero, vinculada al cobro de ayudas sociolaborales relacionadas con el caso ERE.
A esas cantidades se suman 359.889,34 euros distribuidos entre extrabajadores de Matresur, una empresa auxiliar de Santana, cuyo reintegro tampoco se tramitó. Sobre el préstamo concedido a la asociación, el instructor sostiene que «el contrato de dicho préstamo [de casi 1,5 millones de euros] era una ficción, articulado para dar apariencia de legalidad a los desembolsos efectuados con fondos públicos a favor de extrabajadores de sociedades del parque de proveedores de Santana asumidos por la Junta de Andalucía sin amparo normativo alguno».
El calendario de declaraciones establece tres jornadas para los investigados: los días 24 y 26 de noviembre y el 1 de diciembre, después de la comparecencia de seis testigos prevista para el 23 de noviembre. Francisco del Río está citado el día 26, mientras que González Mejías deberá comparecer el 1 de diciembre.
Además, el juzgado ha solicitado a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social la documentación del programa presupuestario 72C, los acuerdos del Consejo de Gobierno que ratificaron las decisiones de IDEA y los expedientes de contratación de despachos de abogados relacionados con el plan y la liquidación de las sociedades.
Una interventora de la Junta designada judicialmente analizará los documentos para esclarecer el alcance de las operaciones en el informe definitivo de control financiero de Santana Motor correspondiente al ejercicio 2017.
