Sí, es un pucherazo con todas las letras

Que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno de Sánchez, solo haya sido capaz de demostrar que el 0,3 % de las concesiones de nacionalidad con derecho a voto hasta ahora examinadas cumplían los requisitos legales para lograrla, de por sí laxos, es un escándalo de proporciones sísmicas que debería parar las rotativas y marcar toda la campaña electoral.

Alto, parémonos, no hablemos de nada más, ni siquiera de Zapatero o de la sentina del PSOE: estamos ante la prueba fehaciente de que Pedro Sánchez utilizó a los consulados españoles en el extranjero para hinchar el censo electoral y regalar derechos a forasteros sin ninguna vinculación con España ni contribución a ella que, sin embargo, de repente pueden decidir quién la gobierna y aspirar a la variada gama de subsidios y servicios que comporta ser español si te haces el vulnerable lo suficiente o lo eres de verdad.

Porque antes de que se comprobara que apenas un centenar de los más de 30.000 casos fiscalizados se atenían a la tramposa normativa colada en la Ley Electoral con una maniobra torticera, clandestina e ilegal de un cargo menor del Gobierno, hay que detenerse en la evidencia de que ese mismo control pudo hacerlo el Ministerio de Asuntos Exteriores y que no lo hizo.

No basta con excluir del censo a esos 166.000 españoles repentinos por mor de un regalo interesado de Sánchez, que parece aspirar a recrear un cuerpo de votantes sumisos ante la certeza de que los auténticos le desprecian: además hay que preguntarse por qué lo permitieron y buscar que paguen la factura penal y política que semejante abuso reclama.

Y algo más. Aunque quizá puedan salvarse todos los nacionalizados previos a la famosa instrucción de Sofía Puente, que por resumirlo permitía acceder al DNI a todo descendiente de un español salido entre los años 30 y 50 y en la práctica ha servido para que lo consiga cualquier foráneo con el desparpajo suficiente para inventarse un antepasado de Altamira sin que nadie haga el esfuerzo de exigirle prueba alguna; lo que ahora mismo está en entredicho son todas las nacionalidades concedidas por la propia ley de nietos.

Porque aunque en estos momentos no son motivo de tutela judicial, limitada a los casos afectados por la trampa firmada por la hermana de Óscar Puente pero ordenada sin duda por el propio Pedro Sánchez, deben serlo con la mayor urgencia.

Ahora les hemos pillado de milagro y gracias al tesón de Iustitia Europa, Vox o Hazte Oír, sí, ¿pero y el 1,3 millones de nacionalidades concedidas o en fase de tramitación? ¿Se fue igual de poco exigente en los requisitos y se tuvo la misma intención electoral con todos ellos desde el primer momento?

Dado que la nacionalidad ya se puede lograr en España desde hace décadas, con un proceso perfectamente definido para que todo aquel que de verdad la merezca pueda lograrla, ¿cómo no temer que todo el censo electoral de nacionalizados desde 2022 tenga las mismas taras detectadas ahora en una porción de ellos?

La mera sospecha ya es incompatible con la fiabilidad exigible en un Estado de derecho solvente. Y la certeza de que ya se ha adulterado una vez el censo extiende la duda al conjunto del proceso electoral, por mucho que se ofendan los mismos que perpetraron esta trampa y merecen sentarse en un banquillo por ello.

El voto CERA, el de los nuevos españoles y desde luego el tramitado por Correos, está ahora mismo en cuestión. Y solo un necio, un blando o un cómplice puede mirar para otro lado. Quien lo ha hecho una vez con unas pocos, suele estar dispuesto a hacerlo muchas más con muchos más. Y ése es el caso de Sánchez, que ya se estrenó en el PSOE con una urna de cartón, un biombo y Santos Cerdán y Koldo García metiendo votos de más en las primarias socialistas. Qué no estará dispuesto a hacer ahora, si no lo ha hecho ya.