El PSOE se resiste a entregar al juez Pedraz la documentación de los pagos huecos de las 'cloacas'

El PSOE ha pedido tiempo muerto al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa de las 'cloacas, que tras varios intentos daba un ultimatum de dos días a la formación de Pedro Sánchez para que entregase la relación completa de abogados, despachos legales y empresas de consultoría contratadas s entre 2021 y 2025, y a través de los que los investigadores sospechan que Ferraz articuló un sistema triangular de facturación para pagar a la considerada 'fontanera' socialista, Leire Díez. Sin embargo, en un escrito registrado en la Audiencia Nacional, este mismo jueves, el Partido Socialista aseguraba que, iniciada la carrera electoral, les resulta muy complicado reunir todos los documentos, notas de encargo, expedientes internos de autorización y otras pruebas con las que aseguran poder justificar la veracidad de los servicios prestados.

Sin embargo, y según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas a la causa, el PSOE se resiste a aportar una colección de evidencias que, presuntamente, servirían para acreditar las sospechas que pesan sobre la existencia de una trama, cuyo germen se ubica en los despachos de la sede socialista, entregada a una guerra sucia que apuntó a jueces, magistrados, fiscales y hasta miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Las mismas fuentes apuntan, en paralelo, a la aparición de una serie de «huecos» contables en los asientos incorporados al sumario, como resultado de la entrada y registro de la sede socialista, frente al detalle de pagos que se consignó, en el período bajo sospecha, en el Tribunal de Cuentas. De ahí que resulte imprescindible para el juez Pedraz acceder a las autorizaciones internas de contratación de los abogados que habrían participado en el pago triangular de facturas , emitidas por conceptos inciertos, a cambio de asumir la defensa de algunos históricos socialistas, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

Se han documentado pagos a Díez de al menos 43.225 euros a través de la consultora Zaño (vinculada a Gaspar Zarrías) y de sociedades del abogado Ismael Oliver; además, el letrado Jacobo Teijelo —posteriormente defensor de Cerdán— habría recibido al menos 125.000 euros en facturas, algunas de las cuales la UCO califica de falaces o instrumentales. En conjunto, algunos autos y atestados sitúan el montante investigado en torno a 188.000 euros.

La gerente del partido, Ana María Fuentes Pacheco (imputada), ha señalado en sus declaraciones que ejecutaba órdenes de Cerdán. Pedraz busca ahora verificar si los servicios jurídicos o de consultoría se prestaron realmente o si sirvieron para triangular fondos y romper la trazabilidad hacia las actividades investigadas (obtención de información sobre jueces, fiscales o agentes, y torpedeo de causas).

El juez ha precisado que la entrega debe respetar el secreto profesional y el derecho a no autoinculparse, pero exige la documentación necesaria para comprobar las autorizaciones y los justificantes.

Torró ha insistido en que se trataba de «dos contratos de servicios jurídicos ordinarios» y que «el partido no ha formado parte de nada de lo que se está investigando», añadiendo que los informes de la UCO son «tesis e hipótesis que no tienen por qué ser verdad». libertaddigital.com

Estas lagunas aparecen en el marco de las diligencias sobre pagos en metálico en Ferraz (especialmente en la etapa de José Luis Ábalos), posibles donaciones opacas y mecanismos de camuflaje de fondos. Informes anteriores ya habían señalado facturas emitidas por Teijelo (dos de 26.500 euros cada una) que no constaban en los libros aportados por el PSOE; el partido alegó entonces que no se pagaron porque la relación se suspendió tras la salida de Cerdán y aportó un burofax de devolución. La UCO mantiene abiertos el análisis de los libros diario (con decenas de miles de asientos) y el contraste de justificantes.

La resistencia de Ferraz y los huecos documentales coinciden en el tiempo y alimentan la investigación sobre si existió un control deficiente de las contrataciones y los pagos, y si parte de esos fondos financiaron operaciones ajenas a los servicios formalmente contratados. Pedraz aún no ha imputado al PSOE como persona jurídica —siguiendo el criterio de Anticorrupción de que faltan diligencias suficientes para acreditar un defecto estructural y un beneficio directo para la organización—, pero el ultimátum y los hallazgos de la UCO elevan la presión sobre la sede de Ferraz a pocas semanas de las elecciones.

El partido sostiene que colabora en lo esencial y que no hay pruebas de implicación institucional; los investigadores, por su parte, siguen rastreando la trazabilidad del dinero y la autenticidad de los justificantes.