El fracaso de Linares Futuro: de la promesa de reindustrialización del PSOE a la sospecha del desvío de fondos

El 14 de febrero de 2011, la Junta de Andalucía, UGT y CC. OO. firmaron el acuerdo marco del Plan Linares Futuro con el objetivo de evitar que el cierre de Santana Motor condenara económicamente a toda una comarca. 15 años después, el balance resulta demoledor. La reindustrialización anunciada nunca llegó, el empleo prometido se quedó en papel mojado y los fondos destinados a paliar el desastre se encuentran ahora bajo investigación judicial.

Santana Motor había sido durante 55 años mucho más que una fábrica. Era el corazón industrial de Linares, el único fabricante de automóviles perteneciente a la Administración autonómica y el principal motor económico de una ciudad que vio desaparecer cerca de 2.000 empleos con su cierre. Para compensar semejante golpe, el Gobierno socialista de José Antonio Griñán presentó un ambicioso programa que debía atraer empresas, recuperar la actividad productiva y ofrecer un futuro a los trabajadores.

El entonces consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, defendió en el Parlamento andaluz las bondades del plan, llamado a relanzar la economía de la zona. La hoja de ruta contemplaba fortalecer el tejido empresarial, generar empleo de calidad, impulsar la colaboración académica y convertir el Parque Empresarial Santana en un polo de actividad industrial. Sobre el papel, Linares tenía motivos para recuperar la esperanza.

En febrero de 2011 se anunciaron cinco grandes proyectos empresariales que debían generar más de un centenar de empleos: un centro de atención telefónica vinculado a Bertelsmann, el mayor grupo de comunicación de Europa; un centro tecnológico de Telvent y Atos Origin; una fábrica de software de OGESA; una planta de fibra óptica de Magtel, y un centro de mantenimiento eólico, fruto de la alianza entre Magtel y Suzlon. Sin embargo, ninguno llegó a materializarse como se había anunciado.

La otra gran pata del plan eran los 750 extrabajadores de Santana Motor, muchos de ellos con décadas de trayectoria en la empresa. Las medidas contemplaban prejubilaciones e indemnizaciones para los mayores de 50 años y recolocaciones con contratos indefinidos para los menores. Sin embargo, únicamente entre 30 y 40 personas consiguieron ser reubicadas en empresas de la zona. Para el resto, la alternativa anunciada distó mucho de representar una solución al desmantelamiento industrial.

Y es precisamente la gestión de las ayudas sociolaborales la que ha llevado ahora una nueva ramificación del caso Santana Motor a los juzgados de Sevilla. La causa, abierta en marzo de 2025, examina posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental en la aplicación del Plan Linares Futuro.

El juez José Ignacio Vilaplana ha citado como investigadas a 18 personas. Entre ellas figuran el exconsejero Antonio Ávila e incluso un sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, Juan María González Mejías, miembro del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo público que autorizaba operaciones de financiación vinculadas a Santana Motor y a sus empresas auxiliares incluso después de que se acordara el cierre de la fábrica en abril de 2011.

En un auto de 38 páginas, consultado por El Debate, Vilaplana describe el supuesto uso irregular de las transferencias de financiación, un instrumento presupuestario que permitía trasladar grandes cantidades de dinero desde la agencia IDEA sin someter las operaciones a los controles fiscales ordinarios. Según el instructor, este mecanismo se habría empleado para «dar soporte irregular a compromisos asumidos» por la Junta de Andalucía y los sindicatos UGT y CC. OO.

En concreto, el juez analiza «el pago de anticipos de supuestas ayudas» a 750 extrabajadores «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita» de los fondos públicos.

Una de las líneas de investigación se refiere a las operaciones realizadas después de que Santana Motor acordara su liquidación el 29 de abril de 2011. Según el juez, IDEA llevó a cabo sucesivas ampliaciones de capital de su filial Incuba que permitieron canalizar más de 44 millones de euros hacia la empresa. El instructor pretende determinar si estos movimientos se ajustaron a la legalidad y si se utilizaron fondos públicos con una finalidad distinta de la prevista presupuestariamente.

El informe definitivo de control financiero de 2017 señaló que los anticipos se concedieron antes de que los trabajadores fueran beneficiarios de las ayudas y que las transferencias de capital no eran el instrumento adecuado. Santana Motor adelantó 1,69 millones de euros a los 750 empleados; después se recuperaron cantidades mediante descuentos y una aseguradora, pero quedaron pendientes 919.032,35 euros. La investigación deberá determinar las responsabilidades derivadas de estas operaciones.

El balance social tampoco admite demasiados matices. Linares, con unos 57.000 habitantes, registra una tasa de paro del 27,6 %, una de las más elevadas de España. En 2026, la antigua fábrica ha vuelto a abrir oficialmente sus puertas gracias a la colaboración con socios chinos para ensamblar vehículos eléctricos. Un nuevo horizonte industrial empieza a dibujarse, pero llega después de década y media de promesas incumplidas.