A un paso del banquillo cinco ex altos cargos del PSOE por el agujero millonario de las ayudas a Delphi

El cierre de la fábrica de Delphi dejó a cerca de 1.600 trabajadores en la calle y abrió una crisis laboral que la Junta de Andalucía trató de amortiguar con ayudas económicas. Sin embargo, todo ello degeneró, presuntamente, en una operación sin expedientes, autorizaciones ni fiscalización que permitió desviar 1,8 millones de euros públicos a través de la Faffe. 15 años después, cinco antiguos altos cargos del PSOE están a un paso del banquillo.

La magistrada Pilar Ordóñez, titular de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, ha dado por concluida la investigación y ha procesado a cinco antiguos cargos vinculados a la Junta de Andalucía. Entre ellos figura Martín Soler Márquez, exconsejero de Innovación y expresidente de la Agencia IDEA, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

A un paso del banquillo también se encuentran su antiguo viceconsejero, Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IDEA Jacinto Cañete Rolloso; el antiguo director financiero Antonio Diz-Lois Ruiz, y Fernando Villén Rueda, ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Este último ya fue condenado a cinco años de prisión por gastar 32.556 euros públicos en prostíbulos con tarjetas de la entidad.

El origen de la operación se remonta a 2007, cuando la multinacional estadounidense Delphi cerró su fábrica de automoción en la Bahía de Cádiz y dejó sin empleo a cerca de 1.600 trabajadores. Para contener el conflicto laboral, la Junta firmó el 4 de julio de aquel año un protocolo con Comisiones Obreras, UGT, CGT y USO por el que asumió compromisos económicos, laborales y formativos destinados a los afectados por el cierre.

Dos años después, las consejerías de Empleo e Innovación acordaron que esta última asumiera el coste de prolongar las ayudas económicas a los antiguos empleados. La magistrada sostiene que los responsables conocían que esas prestaciones complementarias al desempleo carecían de cobertura legal, al no haber sido acordadas por la Administración del Estado. Los beneficiarios, además, ya percibían prestaciones por desempleo.

Para materializar los pagos, los responsables de IDEA recurrieron a la Faffe, dependiente de la Consejería de Empleo y encargada de gestionar programas formativos. La fundación habría servido como intermediaria para ocultar el origen y destino de los fondos, evitando los controles que exigían los estatutos de la agencia autonómica. Según la instructora, el mecanismo permitió eludir deliberadamente los procedimientos administrativos obligatorios.

Las normas internas de IDEA establecían límites precisos para autorizar gastos: su director general podía comprometer cantidades inferiores a 450.000 euros; entre esa cifra y 1,2 millones debía intervenir el Consejo rector, y cualquier importe superior tenía que someterse al Consejo de Gobierno. Pese a que la operación superaba ampliamente ese último umbral, no se tramitó por ninguno de esos órganos. La juez atribuye la omisión a una decisión consciente de los investigados.

La Faffe habría servido como intermediaria para ocultar el origen y destino de los fondos

El 24 de julio de 2009, Cañete y Villén firmaron un convenio para que la Faffe hiciera llegar el dinero a los trabajadores que reunieran los requisitos. Sin embargo, la investigación concluye que no existieron solicitudes individuales, expedientes de concesión ni autorizaciones previas de las consejerías o de IDEA. El documento contemplaba inicialmente 73.611,63 euros, pero los movimientos contables reflejaron cantidades muy superiores a las previstas.

El 4 de agosto de aquel año, IDEA emitió un segundo cheque de 1,75 millones de euros en concepto de entrega a cuenta. Así, las transferencias a la fundación alcanzaron los 1.823.611,63 euros. Posteriormente, los responsables suscribieron una adenda que, según la magistrada, afirmaba falsamente que las ayudas individuales ya habían sido concedidas. La operación se habría ejecutado en pleno agosto, cuando buena parte de las plantillas de ambas entidades estaba de vacaciones.

Las dudas sobre el destino del dinero aumentaron cuando Diz-Lois detectó que se había transferido a la Faffe una cantidad superior a la documentada y reclamó la devolución del exceso. En febrero de 2011, pocos meses antes de la desaparición de la fundación, esta presentó una supuesta justificación de gastos por 1.526.029,25 euros. Sin embargo, no aportó extractos bancarios, recibos firmados ni justificantes de transferencias, sino folios sueltos con listados mecanografiados de nombres, DNI y cantidades.

Pese a la ausencia de documentación acreditativa, los responsables de IDEA archivaron aquellos papeles sin realizar comprobaciones sobre su autenticidad. La posterior extinción de la Faffe y su integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en mayo de 2011, permitieron recuperar 295.583,38 euros, reintegrados en diciembre de 2012. No obstante, la instructora cifra en 1.528.028,28 euros el perjuicio actual para las arcas de la Junta de Andalucía.

Con la investigación cerrada, la Fiscalía y las acusaciones disponen ahora de un plazo improrrogable de diez días para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos de acusación. El procedimiento judicial entra así en una nueva fase, después de reconstruir una operación en la que, según el auto, se utilizaron fondos públicos sin las garantías administrativas exigibles y cuya mayor parte continúa sin justificación.