El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados
Almería
El revés judicial a Marlaska descoloca a 150 policías en Roquetas: «Merecen certezas, no retrasos»
La Dirección General de la Policía suspende una reunión clave para organizar la nueva comisaría mientras los sindicatos exigen aclarar el futuro de los agentes y evitar nuevos retrasos
El plan del Ministerio del Interior para sustituir a la Guardia Civil por la Policía Nacional en Roquetas de Mar (Almería) acumula nuevos obstáculos. Después de que la Audiencia Nacional anulase la creación de la comisaría por considerarla una decisión carente de motivación, la Dirección General de la Policía ha suspendido una reunión decisiva para organizar el desembarco de 150 agentes en el municipio almeriense. Una paralización que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de ambos cuerpos de seguridad.
El encuentro, previsto para este martes, debía abordar el catálogo de puestos de trabajo y las comisiones de servicio necesarias para poner en funcionamiento las nuevas dependencias. Sin embargo, según ha informado la Unión Federal de Policía (UFP), los responsables policiales tuvieron conocimiento de la resolución judicial a través de los medios de comunicación y optaron por aplazar la reunión hasta estudiar sus consecuencias jurídicas.
Un despliegue de 150 policías, en suspenso
Según recoge La Voz de Almería, la nueva comisaría comenzaría a funcionar con 108 policías, 14 oficiales, 16 subinspectores, ocho inspectores, tres inspectores jefes y un comisario. Un dispositivo que, por ahora, queda pendiente de que Interior determine cómo proceder tras el pronunciamiento judicial.
La cifra prevista ha despertado críticas entre los propios representantes policiales. El sindicato Jupol considera insuficiente la incorporación inicial de 150 efectivos frente a los aproximadamente 183 guardias civiles destinados actualmente en Roquetas.
Además, la nueva plantilla tendría que asumir las necesidades de seguridad de una población que, según el Ayuntamiento, supera los 117.000 habitantes censados y puede rebasar ampliamente los 160.000 en determinados momentos.
La futura comisaría debía comenzar su actividad en unas instalaciones provisionales situadas en los bajos de la Plaza de Toros, a la espera de disponer de su sede definitiva.
Los sindicatos reclaman explicaciones a Interior
La suspensión ha provocado malestar entre los sindicatos policiales, que consideran imprescindible esclarecer cuanto antes el alcance de la sentencia para evitar que el proyecto quede bloqueado indefinidamente.
La UFP reclama que se examine íntegramente la resolución antes de anticipar consecuencias sobre la implantación de la Policía Nacional. También pide que se convoque una nueva reunión para determinar qué trámites pueden continuar y cuáles deben revisarse.
Por su parte, Jupol advierte de que la situación compromete tanto la incorporación de nuevos agentes como la apertura de las dependencias policiales. Ambas organizaciones defienden que Roquetas necesita suficientes efectivos y medios materiales para responder a sus necesidades de seguridad.
El Ayuntamiento exige mantener a la Guardia Civil
Este nuevo contratiempo llega después de que, como adelantó El Debate, la Audiencia Nacional anulase la creación de la comisaría al apreciar una falta de justificación suficiente en la decisión del Ministerio del Interior. El fallo, que puede ser recurrido, supone un serio revés para la reorganización policial impulsada por Fernando Grande-Marlaska.
A la incertidumbre judicial se suma la oposición del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Su alcalde, Gabriel Amat (PP), ha paralizado cautelarmente la cesión de 6.000 metros cuadrados de un edificio municipal destinado a albergar la nueva comisaría y la Jefatura de la Policía Local.
El regidor insiste en que la llegada de la Policía Nacional no debe implicar la desaparición de la Guardia Civil y reclama al Gobierno explicaciones por escrito sobre el número de agentes que abandonarán la localidad y los que llegarán para sustituirlos.
De este modo, mientras Interior estudia cómo responder al fallo judicial, el futuro de la seguridad en Roquetas continúa sin una solución definitiva: el Ayuntamiento exige la convivencia de ambos cuerpos, los sindicatos policiales reclaman certezas y los guardias civiles siguen pendientes de una reorganización que afecta directamente a sus destinos.