La desaladora Campo de Dalias, una de más grandes de Europa
La desaladora clave para el campo de Almería que sigue esperando una ampliación de 35 millones
El PP denuncia ocho años de incumplimientos del Gobierno en una infraestructura que debería aportar diez hectómetros cúbicos adicionales de agua al año para abastecer a vecinos y agricultores
El agua es uno de los recursos más valiosos para el campo de Almería, una provincia cuyos invernaderos abastecen de frutas y hortalizas a buena parte de España y Europa. Sin embargo, una de las infraestructuras destinadas a garantizar su suministro continúa pendiente de ampliación. Se trata de la desaladora del Campo de Dalías, situada en El Ejido, cuya capacidad debería aumentar de 30 a 40 hectómetros cúbicos anuales mediante una actuación valorada en 35,5 millones de euros.
El proyecto ha vuelto al centro del debate político después de que la candidata del PP al Congreso por Almería, Carmen Crespo, denunciara este miércoles los retrasos acumulados durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. La dirigente popular sostiene que la falta de ejecución de distintas inversiones hidráulicas compromete las necesidades futuras de una comarca en la que residen cerca de 300.000 personas y cuya economía depende en buena medida de la agricultura intensiva.
Diez millones de metros cúbicos más de agua
La ampliación permitiría incorporar diez hectómetros cúbicos adicionales cada año, equivalentes a 10.000 millones de litros de agua, destinados al abastecimiento urbano y al regadío del Poniente almeriense.
No se trata de una infraestructura nueva. La desaladora funciona desde 2015 y fue diseñada para permitir una ampliación posterior hasta los 40 hectómetros cúbicos anuales. El Ministerio para la Transición Ecológica inició la tramitación ambiental del proyecto en 2023 y aprobó administrativamente su construcción en julio de 2025.
Por tanto, aunque el PP denuncia ocho años de incumplimientos, la documentación oficial acredita que el proyecto ha avanzado en su tramitación. La aprobación administrativa, sin embargo, no equivale a que las obras estén ejecutadas ni a que la capacidad adicional de producción esté disponible.
Noventa millones en inversiones pendientes
La ampliación de la desaladora forma parte de un conjunto de actuaciones hidráulicas que el PP de Almería cifra en aproximadamente 90 millones de euros.
Según las cantidades expuestas por Carmen Crespo, a los 35,5 millones destinados a aumentar la capacidad de producción se suman 15,9 millones para mejorar la red secundaria de distribución, más de diez millones para llevar agua desalada hasta Adra y cerca de 30 millones para desarrollar un parque fotovoltaico asociado a la instalación.
La candidata popular también ha advertido de una posible subida del precio del agua que podría terminar repercutiendo en los recibos de los consumidores.
La capacidad de regulación constituye otra de las preocupaciones señaladas por el PP. Crespo recordó la avería registrada durante las Navidades de 2023, cuando parte del Poniente permaneció sin suministro durante dos días.
Un nuevo paso para llevar agua a Adra
Pese a las críticas sobre el ritmo de ejecución, esta misma semana se ha producido un avance administrativo en una de las actuaciones pendientes.
La sociedad estatal Acuamed ha adjudicado a INTECSA-INARSA la redacción del proyecto de conducción que permitirá transportar agua desalada desde el Campo de Dalías hasta Adra. El contrato, por un importe anunciado de 263.000 euros, supone un nuevo paso para una infraestructura que cuenta con un volumen reconocido de suministro de 2,4 hectómetros cúbicos anuales.
El Ministerio aprobó administrativamente este proyecto de conducción en mayo de 2026, aunque todavía quedan trámites y obras por ejecutar antes de que el agua llegue al municipio.
La controversia sobre las inversiones hidráulicas se produce en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Más allá del enfrentamiento entre partidos, la cuestión de fondo es cuándo estarán disponibles los nuevos recursos hídricos en una comarca donde la disponibilidad de agua condiciona tanto el abastecimiento de la población como la actividad de uno de los principales motores agrícolas de España.