Cádiz  Marruecos reclama la repatriación del piloto de la narcolancha que mató a los guardias civiles de Barbate

Las autoridades marroquíes han solicitado a España la extradición de Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha que embistió a una patrullera de la Guardia Civil y causó la muerte de dos agentes en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024. El narcotraficante se encuentra en prisión provisional en España, tras permanecer fugado durante varios meses en suelo marroquí, y deberá comparecer ante la Audiencia Nacional por el doble asesinato.

Según ha adelantado el diario ABC, Marruecos reclama a El Baqqali para que responda en su país por un procedimiento relacionado con el narcotráfico. El marroquí tenía una orden internacional de búsqueda emitida a través de Interpol por esa causa. La petición de extradición deberá ser examinada ahora por los magistrados de la Audiencia Nacional, que tendrán que decidir sobre su eventual traslado.

La solicitud marroquí se conoce después de que el Tribunal de Instancia de Barbate acordara la apertura de juicio oral por la muerte de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez. El Baqqali huyó a Marruecos después del suceso y permaneció meses fugado en ese país. Finalmente, regresó a la Península en septiembre de 2024 y desde entonces permanece en prisión provisional.

El acusado ha sido trasladado discretamente a Madrid en los últimos días. Su estancia habitual en el centro penitenciario de El Puerto de Santa María cambió por la prisión de Valdemoro, desde donde está previsto que comparezca este martes ante la Audiencia Nacional, después de que su defensa no se opusiera a que continuara en prisión provisional hasta la celebración del juicio.

La decisión sobre la extradición corresponderá a los magistrados de la Audiencia Nacional. El Baqqali todavía no ha sido condenado en España por los hechos de Barbate, una circunstancia que genera cautela ante la posibilidad de que sea entregado a Marruecos antes de que se celebre el juicio por la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil.

En España, El Baqqali está acusado de dos delitos de asesinato consumado y otros cuatro en grado de tentativa, además de un delito de atentado agravado contra agentes de la autoridad y otro de daños. Las imágenes captadas por las cámaras corporales de los guardias civiles forman parte de las principales pruebas de la investigación y contradicen la versión que el acusado habría ofrecido inicialmente tras regresar a España, cuando sostuvo que se había tratado de un error.

La investigación ha sido desarrollada durante meses por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz. Los investigadores reunieron numerosas pruebas y diligencias sobre lo ocurrido aquella noche en Barbate. El procedimiento ha avanzado hasta la apertura del juicio oral y el caso quedará finalmente en manos de un jurado popular de la Audiencia Provincial.

El auto judicial sostiene que El Baqqali dirigió la embarcación a gran velocidad y en línea recta contra la patrullera oficial, con intención de acabar con la vida de los agentes y sin ofrecerles posibilidad de defensa. En el episodio también está acusado otro ciudadano marroquí, al que se atribuye un delito de atentado agravado por su actuación durante el acoso previo a la embestida.

La resolución judicial recoge además la desigualdad entre ambas embarcaciones. La patrullera de la Guardia Civil medía menos de cinco metros y llevaba seis agentes, mientras que la narcolancha alcanzaba casi 13 metros y estaba equipada con cuatro motores de 300 caballos. El auto considera que los agentes se encontraban en una situación de clara desventaja frente a la embarcación utilizada por los acusados.

La actuación de la narcolancha provocó una fuerte reacción entre las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que está personada en el procedimiento como acusación popular, ya señaló aquella misma noche la desigualdad de medios entre los agentes y los ocupantes de la embarcación. Ahora, la causa afronta nuevos trámites mientras se estudia la reclamación de Marruecos.