Imagen de archivo de José María PemánEFE

Cádiz

Los activistas de la Memoria Histórica abren otro frente judicial contra Pemán por su teatro en Cádiz

Un tribunal admite a trámite el recurso con el que pretenden forzar al Ayuntamiento a retirar el nombre del escritor del teatro del Parque Genovés

Los defensores de la memoria histórica atacan de nuevo. La figura del escritor José María Pemán se encuentra en el disparadero de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz, que ha conseguido que un tribunal admita a trámite el recurso con el que pretende forzar al Ayuntamiento a retirar el nombre de Pemán del teatro del Parque Genovés, aunque esta decisión no supone todavía nada.

El Tribunal de Instancia de Cádiz solo ha dado curso al recurso contencioso-administrativo presentado el pasado mes de septiembre por la asociación memorialista contra los acuerdos adoptados en el pleno de junio por el Gobierno municipal de Bruno García (PP) para mantener el nombre de Teatro Pemán para el recinto de verano del Parque Genovés, una decisión que ahora deberá defender también en sede judicial.

El decreto de admisión ordena al Ayuntamiento remitir al tribunal el expediente administrativo sobre la denominación del teatro en un plazo de 20 días. Se trata, no obstante, de un trámite procesal y no de un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda presentada por los memorialistas. Será en fases posteriores cuando el tribunal tenga que examinar los argumentos jurídicos de la asociación, que sostiene que el nombre del teatro resulta incompatible con la Ley de Memoria Democrática.

El colectivo memorialista cuestiona en su recurso la argumentación utilizada por el Gobierno municipal para justificar el mantenimiento del nombre de Pemán. Esta se basaba en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló el acuerdo por el que –en tiempos de la alcaldía del Kichi– se retiró a José María Pemán el título de Hijo Predilecto de Cádiz, distinción que le ha sido devuelta en consecuencia.

La asociación sostiene que el TSJA aplicó correctamente la Ley de Memoria Histórica, que era la norma vigente cuando se adoptó aquel acuerdo municipal; pero recalca que la sentencia no avaló la figura de Pemán ni negó su vinculación con el franquismo. Según los memorialistas, el tribunal no entró en el fondo, sino que anuló el acuerdo «por defectuosa motivación, al no haberse justificado con suficiente precisión qué actuaciones concretas de Pemán comportaban una exaltación de la sublevación militar o del franquismo».

La organización considera igualmente que la sentencia invocada por el Consistorio «nada dice sobre el Teatro del Parque Genovés ni analiza los artículos 35 y 40 de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, hoy vigente» y que es –por así decirlo– más estricta con este tipo de actuaciones que su antecesora.

En particular, los memorialistas ponen el foco en el artículo 40, que establece precisamente la revisión de oficio de «reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».

En su recurso, la asociación recuerda además el origen de la denominación. El acuerdo municipal de 1964 por el que se bautizó como Teatro José María Pemán al recinto del Parque Genovés fue, según su interpretación, «un homenaje público y solemne a quien presidió la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, órgano que ejecutó la depuración del profesorado republicano». Sobre esa base reclama ahora que el nombre sea sustituido.

La controversia se hizo visible el pasado 20 de agosto, cuando el teatro –que llevaba cerrado desde 2008– fue reinaugurado con el nombre de Pemán. A las puertas del Parque Genovés se concentraron unas 200 personas que calificaron la recuperación de la denominación como «una auténtica vergüenza, un despropósito y un insulto a las víctimas, además de una ilegalidad». Ahora será la Justicia la que deba determinar si existen argumentos jurídicos para modificar el nombre.