Ciudad de la Justicia de Málaga
Málaga
Juzgan en Málaga una trama de funcionarios rusos por crear causas falsas para extorsionar a millonarios
La red criminal implicaba falsamente a estas personas en la comisión de delitos y les exigía grandes cantidades de dinero para evitar la cárcel en Rusia
La Audiencia de Málaga juzga desde este martes a siete supuestos miembros de una organización criminal de la que formaban parte altos funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia de Rusia y que se dedicaba a «fabricar» causas penales para extorsionar a personas de alto poder adquisitivo en España.
La Fiscalía solicita un total de 75 años de prisión para el conjunto de los acusados. A varios de ellos se les imputa, además del delito de pertenencia a organización criminal, otros tres delitos: extorsión, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Entre los procesados se encuentran el presunto cabecilla de la trama en España, su esposa –de nacionalidad alemana y origen ucraniano– y su hijo. Varios miembros de la organización residían en Marbella, y algunos de ellos contaban con antecedentes penales.
La estructura criminal seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, todas con alto perfil público, solvencia económica y posibles vínculos con actividades susceptibles de investigación penal.
La trama implicaba falsamente a estas personas en la comisión de delitos y les exigía grandes cantidades de dinero, con la amenaza de llevar tales procedimientos hasta el final de sus consecuencias, como es el ingreso en prisión en Rusia. La amenaza se extendía a la posible extradición mediante órdenes internacionales de detención.
Uno de los casos más graves recogidos en el sumario tuvo lugar el 16 de agosto de 2018, cuando un ciudadano originario de Kaunas (Lituania) fue detenido en España en virtud de una orden internacional de detención emitida por un tribunal de Moscú.
El hombre pasó un mes en prisión provisional mientras se tramitaba su posible extradición. Durante ese tiempo, los acusados le exigieron un millón de euros para detener el proceso, cantidad que finalmente redujeron a 500.000 euros tras varias reuniones.