El Gobierno andaluz pone llave y candado a los pisos turísticos con Málaga como epicentro del cerrojazo

La Junta de Andalucía ha ejecutado el cierre de 10.266 viviendas de uso turístico en toda la comunidad desde el pasado año hasta agosto de 2025. Según los datos de la Dirección General de Ordenación Turística, las cancelaciones se han producido tanto por actuaciones de los ayuntamientos como por la propia Consejería de Turismo, que ha endurecido la normativa en coordinación con los consistorios.

Málaga lidera los cerrojazos con 3.812 viviendas de uso turístico fuera de circulación, de las cuales 1.280 estaban en la capital. Le siguen Granada, con 1.807 y 988 en la capital, y Cádiz, con 1.352 y 471 en la Tacita de Plata, para completar el podio. Sevilla registra 1.198 cancelaciones, 1.067 de ellas en la capital; mientras que Almería suma 686 (121); Córdoba, 679 (569); Huelva, 403 (52), y Jaén, 329 (80 en la capital).

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha defendido que estas medidas prueban que «nuestra gestión turística no está pensada solo para el visitante», sino también para los residentes, que deben ser «actores decisivos a la hora de planificar las políticas». En este sentido, también ha subrayado la necesidad de trabajar con los ayuntamientos, principales responsables del diseño urbano, para frenar la proliferación de alojamientos turísticos en detrimento de la vivienda habitual.

Para reforzar este control, la Junta ha firmado ya convenios de colaboración con los ayuntamientos de Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Jerez de la Frontera y Almería, todos gobernados por el PP. También se encuentran en tramitación acuerdos similares con municipios como Córdoba, El Puerto de Santa María o Alhaurín El Grande, este último con alcalde independiente en un Gobierno con el PSOE e Izquierda Unida.

Estrategia de la Junta

Entre las medidas adoptadas por la Consejería destaca el Plan de Inspección Programada, que prioriza la lucha contra la clandestinidad. El control se ha reforzado con herramientas automatizadas como la integración de bases de datos, el intercambio de información mediante convenios con los ayuntamientos y la utilización de procesos de rastreo digital para detectar irregularidades en plataformas de alquiler.

La aprobación del decreto de la Junta de Andalucía sobre viviendas de uso turístico ha supuesto un punto de inflexión en esta estrategia. La norma otorga a los ayuntamientos la posibilidad de establecer límites claros al número de viviendas turísticas por edificio, barrio o zona, siempre bajo criterios objetivos y justificados por razones de interés general, y facilita la colaboración con otras administraciones o entidades privadas para mejorar la labor inspectora.

De forma complementaria, la Consejería de Turismo trabaja junto con la de Fomento y Vivienda en la aplicación del decreto que introduce medidas urgentes en materia de vivienda. Esta normativa permite a los ayuntamientos adaptar con mayor seguridad jurídica la regulación de las viviendas turísticas a su modelo urbano, conciliando la actividad económica con la protección del entorno residencial y del medio ambiente urbano.

Con estas iniciativas, la Junta de Andalucía busca equilibrar el impacto del turismo con la calidad de vida de los residentes. Málaga, epicentro del fenómeno en la comunidad, se ha convertido en el laboratorio donde la administración autonómica pone a prueba un plan que, según Bernal, debe asegurar tanto la competitividad turística como el acceso a la vivienda.