Vecinos de una calle de Málaga denuncian una oleada de empadronamientos falsos de marroquíes en sus pisos

Vecinos del número 17 de la calle Pinosol de Málaga han detectado que varias personas desconocidas se han empadronado en sus domicilios sin su permiso. Este fenómeno ha afectado al menos a seis familias del edificio, las cuales han recibido en sus buzones documentación oficial dirigida a extraños.

Lo más curioso es que las cartas, en su mayoría, son ejemplares tipo Gestrisam, la empresa que gestiona el agua pública en la capital. En ellas se incluye una bienvenida del propio alcalde al nuevo empadronado por su reciente cambio de residencia a la ciudad. La sensación de inseguridad se ha apoderado de estos vecinos, que ahora temen por el uso fraudulento de sus direcciones.

El grupo municipal Vox ha sido la voz cantante de esta denuncia, advirtiendo sobre las consecuencias administrativas de estos hechos. Según explicaron ayer, estos empadronamientos ilegales provocan que quienes viven legalmente en las viviendas puedan desaparecer del padrón municipal de forma automática.

El concejal Antonio Alcázar ya elevó el jueves pasado su preocupación en la Comisión de Derechos Sociales. Allí pidió la comparecencia del concejal de Vivienda, Francisco Pomares, para abordar este asunto. «Son bastantes vecinos de la ciudad, concretamente de Cruz de Humilladero, de la Carretera de Cádiz y sobre todo de Pinosol», manifestó el edil.

Inmigrantes 'caza recursos'

Pero lo de Pinosol no es un caso aislado ni mucho menos. La concejala de Vox, Yolanda Gómez, visitó ayer el número 17 para conocer de primera mano el testimonio de los damnificados. Y lo que escuchó no tiene desperdicio: desde tarjetas sanitarias a nombre de desconocidos hasta certificados oficiales que no se pueden ni recoger en Correos.

Rafael, un vecino de 87 años, y uno de los más antiguos del bloque, relata a La Opinión de Málaga que recibió en su casa «una tarjeta sanitaria» con el nombre de otra persona. Imagínense la cara del abuelo al abrir el buzón. «Mi madre ha recibido una supuesta declaración responsable del casero autorizando a un extraño a empadronarse», explica al mismo medio José María, hijo de otra afectada llamada María Ortega.

Clara, otra vecina, detalla a ese periódico que toda la documentación recibida está a nombre «de marroquíes». En el caso de su hermana Lucía, cuando intentó recoger un certificado en Correos, se encontró con las manos vacías. Al consultar el padrón, les aparecía «un cartelito rojo diciendo que había ‘incidencias’». Clara se personó en la junta de Distrito y un funcionario le soltó que su hermana «le había hecho un contrato de alquiler al nuevo empadronado».

Delito con documentos falsos

Para la concejala Yolanda Gómez, la cosa tiene muy claro el tinte jurídico. «Incumplir el padrón es una irregularidad administrativa; pero cuando presentas documentos falsos, como contratos de alquiler falsos y autorizaciones, ya es un ilícito penal», sentenció. Algunos de estos casos ya están en los juzgados, informó Alcázar en la comisión.

No es para menos. Utilizar documentación falsa para lograr un empadronamiento constituye un delito de falsedad documental. Las penas pueden alcanzar de 3 a 6 años de prisión, además de una multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años en el caso de autoridades o funcionarios.

Gómez fue más allá: «También tiene que haber alguien que tenga acceso a una base de datos, y que conozca que en esos domicilios hay propietarios y que se pueden empadronar». Una afirmación que pone el foco sobre posibles filtraciones internas. El Ayuntamiento, por su parte, asegura no tener constancia oficial de denuncias, según declaró el concejal Jacobo Florido.

El problema, advierte Vox, tiene una dimensión mucho mayor. La formación ha presentado cuatro iniciativas para exigir un control efectivo del padrón municipal. La nueva Ley de Vivienda de Andalucía, aprobada este año por el PP, obliga a los ayuntamientos a verificar el padrón periódicamente. Y es que acceder a una VPO exige ahora un año de empadronamiento, lo que alimenta aún más si cabe el mercado negro de las altas ficticias.

Otros casos en España

En Cataluña, la alarma saltó el pasado otoño con 324 registros falsos en apenas tres semanas en Sant Cugat del Vallès, todos con contratos de arrendamiento falsos vinculados a ciudadanos de India y Pakistán. También se han detectado fraudes para obtener la tarjeta sanitaria, llegando a recibir ciudadanos tarjetas de desconocidos en sus buzones.

En Tres Cantos (Madrid), el Ayuntamiento se ha visto obligado a aprobar una ordenanza para investigar los casos sospechosos. «Que en una vivienda haya 70 personas inscritas… chirría», confesaba la concejala de Vivienda de esa localidad, Ana Isabel Pérez.

Las redes dedicadas a este negocio ilegal no solo operan con empadronamientos, sino que también falsifican parejas de hecho y todo tipo de documentos. En Barcelona, una organización llegó a cobrar hasta 15.000 euros por cada expediente fraudulento, usurpando identidades de mujeres residentes en España para simular vínculos inexistentes.

Los vecinos de Pinosol se sienten desprotegidos. Mientras unos reciben cartas de bienvenida, otros descubren que sus casas son usadas como carnada para estafas mayores. Las sanciones económicas por estas irregularidades pueden alcanzar hasta los 10.000 euros en casos graves, si bien cuando existen tramas organizadas el asunto escala a niveles penales mucho más complejos.