El alcalde de Frigiliana (PSOE), tras 13 horas de registro: «Hemos hecho fotocopias todo el día»

La investigación judicial que sacude Frigiliana ha dejado una estampa que ni el alcalde Alejandro Herrero (PSOE) esperaba. No solo por el registro en sí, sino por lo que vino después: el regidor y sus seis concejales han sido citados a declarar como investigados en el Juzgado de Torrox. Los agentes no se fueron con las manos vacías, se llevaron los teléfonos móviles de todo el equipo de gobierno para rastrear posibles comunicaciones comprometidas.

Lo cierto es que Herrero salió del edificio pasadas las 22.30 horas con el rostro desencajado y la voz apagada. Ante los periodistas que aguardaban en la puerta, solo atinó a decir: «Hemos estado todo el día haciendo fotocopias», tal y como recoge Diario Sur. Y añadió, casi como un susurro: «En principio todo bien». Luego se subió al coche de su mujer y desapareció calle abajo, dejando tras de sí más preguntas que respuestas.

Pero el operativo no se circunscribió al Consistorio. Los agentes de la Policía Judicial también registraron un domicilio particular y un conocido bar del pueblo, según han confirmado fuentes cercanas al caso. El motivo no es baladí: una parte de las pesquisas apunta a un contrato sospechoso vinculado con la empresa de un familiar del alcalde. En total, la lupa judicial abarca una veintena de empresas que han facturado al Ayuntamiento en los últimos años.

Un secretario municipal que dijo basta

Y es que la mecha de este incendio judicial la prendió un funcionario. Un secretario municipal habilitado nacional, que estuvo en el Consistorio entre 2022 y 2023, formuló repetidos reparos a facturas y contratos. Sus informes señalaban anomalías, pero esos documentos eran sistemáticamente «levantados» por el alcalde y sus ediles mediante acuerdos de pleno. Esa documentación es ahora la columna vertebral de la causa por prevaricación y malversación.

No es la primera vez que el gobierno de Herrero se ve señalado. Hace dos años, el portavoz del PP en la oposición, Pedro Alcántara, denunció una supuesta «concatenación de contratos menores a dedo». Según el edil popular, una docena de empresas locales facturaron alrededor de dos millones de euros mediante estos encadenamientos en el mandato anterior, con algunas superando los 70.000 euros de media anual. «Eso genera desigualdad e inseguridad jurídica», advirtió entonces.

El PSOE pide «cautela»

Desde el PSOE de Málaga, sin embargo, han optado por la cautela y el silencio institucional. En un comunicado escueto, afirmaron haber tenido conocimiento de los hechos «a través de los medios de comunicación». Han pedido «prudencia», han ofrecido «plena colaboración» y confían en que «se conozcan cuanto antes los hechos objeto de investigación». Nada más. Ni una palabra de respaldo explícito a su alcalde.

Herrero, el hombre «honrado»

Herrero, que accedió al cargo en febrero de 2017 mediante una moción de censura, gobierna con mayoría absoluta desde 2019. Con 55 años y una carrera previa en la banca, el socialista arrasó en las urnas en 2023 con siete concejales, frente a los tres del PP y uno de Por mi pueblo. En una carta a los vecinos, llegó a escribir: «El nuevo equipo de gobierno aúna toda una serie de cualidades que me permito enumerar: honradez, formación, voluntad y capacidad de trabajo. Un equipo paritario dispuesto a darlo todo por sus vecinos». Ahora, esas palabras resuenan con una ironía que nadie esperaba.

La citación judicial alcanza a todos los miembros del equipo de gobierno socialista: María del Carmen Cerezo, Antonio Manuel López, Francisco Iranzo, Sonia Castillo, Andrés Ortega y Eduardo Jesús García Sánchez. También se ha citado al menos a un funcionario municipal. Las declaraciones, que se celebrarán en los próximos días en el juzgado de Torrox, determinarán si estos contratos eran prácticas irregulares o simplemente una gestión discutible.

El Ayuntamiento amaneció este miércoles con sus puertas abiertas, pero la sombra del registro aún se cierne sobre Frigiliana. Los vecinos, que vieron cómo su consistorio permanecía blindado durante toda la jornada del martes, esperan ahora respuestas. El juez tiene la última palabra.