Pleno del Ayuntamiento de Espartinas (archivo)

Pleno del Ayuntamiento de Espartinas (archivo)Ayuntamiento de Espartinas

Sevilla

Una denuncia anónima revela presuntos amaños de contratos en Espartinas: tres concejales del PSOE, imputados

La Guardia Civil se persona en el ayuntamiento sevillano con 13 citaciones judiciales por supuestas irregularidades en contratos públicos por valor de hasta 400.000 euros

Dos agentes de la Guardia Civil se personaron este miércoles en el ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) para entregar en mano las citaciones judiciales a tres concejales socialistas y a tres funcionarios municipales. Todos ellos están citados a declarar en calidad de investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor, que analiza presuntas irregularidades en contratos públicos firmados entre 2021 y 2024 por valor de hasta 400.000 euros.

La investigación, que sigue bajo secreto parcial, se abrió el año pasado tras una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía. En ella se señalaban a 16 personas vinculadas con el Consistorio, incluida la actual alcaldesa, Cristina Los Arcos Llaneza (PSOE). Sin embargo, ni ella ni el teniente de alcalde ni la delegada de Cultura están entre los imputados.

Según ha adelantado Eldiario.es, en la citación no se especifican los delitos por los que están imputados, solo que entre el 14 y el 17 de octubre deberán declarar en sede judicial hasta 13 personas: seis trabajadores municipales del actual equipo de gobierno, cuatro del anterior mandato, dos empresarios locales y un particular sin vínculo contractual con el Ayuntamiento, hermano de uno de los concejales ahora investigados.

Entre los actuales responsables municipales que figuran como investigados se encuentran el secretario general del Ayuntamiento, José Rodríguez Sánchez, y tres concejales del PSOE: Pablo Márquez (Medio Ambiente), Filomeno Carmona (Obras) y Juan Luis Núñez de Fez (Urbanismo y Hacienda). Este último es el único que repite cargo respecto al anterior mandato. También aparecen dos funcionarios del área de Contratación.

Del mandato anterior, los citados a declarar son el exdelegado de Medio Ambiente, Manuel González Baena (PSOE), y el exconcejal de Educación y Deporte, Fernando Iturralde (IU), además de la exvicesecretaria y la exviceinterventora municipal.

El juez ha decidido investigar también a tres empresas que han contratado con el Ayuntamiento en los últimos años: Jardinería del Sur S. L., Hábitat y Construcciones y Excavaciones Filo S. L., esta última vinculada directamente al delegado de Obras, Filomeno Carmona.

Los agentes de la Guardia Civil entraron este miércoles por la mañana en el ayuntamiento, donde solo se encontraba la alcaldesa, el secretario general –quien recibió las notificaciones– y un representante de los servicios jurídicos municipales. Este último les solicitó el atestado para conocer las causas concretas de la investigación. Sin embargo, los agentes le explicaron «en términos cordiales» que no eran los autores del informe judicial y, por tanto, no podían ofrecer detalles sobre los posibles delitos.

30 denuncias anónimas

El PSOE ganó las elecciones municipales de 2023 en Espartinas por mayoría absoluta. Desde entonces el Ayuntamiento ha recibido una treintena de denuncias anónimas que se han traducido en «continuos requerimientos de documentación» por parte de la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía, centrados especialmente en los contratos con empresas locales.

No es la primera vez que agentes de la Guardia Civil visitan el Ayuntamiento. Ya lo hicieron marzo y junio pasados, entonces para reclamar expedientes de más de medio centenar de contratos suscritos entre el Consistorio y empresas de construcción, jardinería, iluminación o cáterin.

Los importes de estos contratos oscilan entre los 2.000 y los 40.000 euros. Aún no se ha podido determinar con exactitud el total adjudicado, pero el equipo de gobierno estima que la cifra podría rondar los 400.000 euros, un volumen nada despreciable si se tiene en cuenta que el presupuesto municipal de Espartinas ronda los 13 millones de euros anuales. La entrega de estos expedientes está en el origen de la actual investigación judicial.

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