El hermano del expresidente socialista Borbolla deberá pagar 8,4 millones a la Junta por el caso ERE

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, también del PSOE, a un año y medio de prisión y a indemnizar con 8,4 millones de euros a la Junta de Andalucía en una causa derivada de los ERE.

La Sala Penal del Alto Tribunal ha ratificado la sentencia emitida por la Audiencia de Sevilla en junio de 2022, en vísperas de las elecciones autonómicas, que lo condenó como responsable, en concepto de cooperador necesario, de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro delito también continuado de malversación de caudales públicos en la pieza separada del corcho.

El exregidor cazallero, además, debía abonar el importe malversado –8.408.096,42 euros– en concepto de indemnización a la Junta de Andalucía. El Supremo también ratifica ahora esa cantidad como compensación por el perjuicio económico que sufrieron las arcas autonómicas por las ayudas concedidas ilegalmente a empresas del sector del corcho.

La Audiencia de Sevilla consideró probado que Ángel Rodríguez de la Borbolla «controlaba y dirigía, al menos desde comienzos de los años 2000, un grupo de empresas conectadas geográficamente a la Sierra Norte, concretamente a las localidades de Cazalla de la Sierra y El Pedroso, dedicadas al sector del corcho en sus distintos ámbitos productivos y de negocio».

El condenado era socio, en casi todas ellas mayoritario, y administrador de derecho o de hecho de las sociedades mercantiles, que «atravesaban una mala situación económica que las abocaba al cierre y liquidación», según reza en la sentencia.

Así, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla declaró la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), por 3.003.036,21 euros; Corchos de Cazalla, por 3.003.036,21 euros; Servicios y Mantenimientos de Cazalla, por 601.012 euros; Enoworld, por 1.200.000 euros, y Corchos Higuera, por 601.012 euros.

El que fuera alcalde socialista de Cazalla de la Sierra fue administrador de Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), durante más de una década hasta 2010, y Corchos Higuera, así como apoderado de Corchos de Cazalla. Las tres sociedades percibieron 6,6 millones de euros del fondo de ayudas entre julio de 2001 y febrero de 2007, divididos en ocho pagos distintos.

La sentencia ponía de manifiesto que el condenado conocía, gracias a muchos cargos públicos de la Junta y por pertenecer al PSOE, que la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, otorgaba ayudas a fondo perdido a estas empresas.

El grupo de empresas controlado por el condenado obtuvo ayudas o subvenciones por un montante total de 8,4 millones, siendo el acusado «conocedor» de que las mismas «se debían exclusivamente a la libérrima voluntad de los cargos públicos con los que contactó y que acabaron beneficiando», señalaba la sentencia.