Despiden a una comercial de Renfe y afiliada a Comisiones Obreras por lucrarse con los retrasos del AVE

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado procedente el despido de una comercial de Renfe que se apropiaba de indemnizaciones no reclamadas de pasajeros afectados por los retrasos en el AVE. La empleada, que tenía su puesto de trabajo en la estación de Santa Justa, en Sevilla, se embolsó cerca de 2.000 euros de esta forma.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 31 de diciembre de 2019 y el 21 de enero de 2020. En este periodo, una persona solicitó varias indemnizaciones por retrasos de varios trenes y recibió 1.994,8 euros. Tras analizar las retiradas de efectivo se constató que las había efectuado la propia trabajadora de Renfe, que «ni tenía autorización para ello, ni esas actividades estaban dentro de sus cometidos».

La sentencia, fechada el pasado 17 de diciembre, desestima el recurso de la propia comercial contra un fallo de febrero de 2023 del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla. Tras su despido, la trabajadora alegó que se encontraba en una situación de «acumulación de deudas y préstamos debido a conductas compulsivas con las compras y se encontraba en una situación desesperada».

El TSJA considera paradójico «que se pretenda que conste que tenía sus facultades volitivas afectadas cuando el mecanismo de apropiación de dinero exigía unas magníficas dotes de organización, de control horario, de esperas de tiempo, que denota una voluntad e inteligencia encaminada hacia el fin defraudatorio». La sentencia enfatiza que la trabajadora «tenía y ejecuta un plan preconcebido y perfectamente estudiado».

La Sala ironiza incluso al señalar que sugerir que no hubo premeditación «es similar a declarar derogada la ley de la gravedad», teniendo en cuenta que la empleada llevaba 11 años en Renfe Viajeros, estaba en el departamento de servicios comerciales Sur, en la estación de Santa Justa, y era afiliada a Comisiones Obreras, sindicato del que su padre era dirigente.

El modus operandi de la empleada consistía en usar las claves de compañeros autorizados para detectar billetes con posibilidad de devolución, comprobar qué trenes llegaron con retraso, verificar cuáles habían sido pagados en metálico y, por supuesto, retirar los importes correspondientes a billetes no reclamados.

El fraude quedó al descubierto cuando un pasajero reclamó la indemnización que le correspondía y los servicios generales comprobaron que ya se había abonado. La compañía abrió entonces una investigación interna. Al enterarse de esto, la trabajadora intentó suicidarse. Tras ello, su padre acudió a Renfe para confesar que su hija era la autora de los robos y devolver el dinero.

El TSJA califica de «irracional» el argumento –esgrimido en el recurso– de que no se causaba perjuicio al tratarse de fondos no reclamados por los legítimos destinatarios. La resolución concluye que la mujer estuvo «muchas horas buscando información, primero viendo qué trenes llegaron con retraso, segundo qué billetes de esos trenes fueron pagados en metálico y tercero comprobando si habían sido devueltos, lo que implica emplear muchas horas en buscar información».