Un tribunal militar declara inocente a la guardia civil que denunció corrupción en el Seprona

Un tribunal militar ha declarado inocente a la brigada de la Guardia Civil María Serrano, que había sido juzgada por un presunto delito de denuncia falsa tras la querella presentada por el general de división Fernando Mora Moret. La suboficial, destinada entonces como sargento primero en el Seprona de Sevilla, había informado a sus superiores de varios episodios de supuesta corrupción en el seno de su unidad.

La resolución, dictada por el Tribunal Militar Territorial Primero, descarta que Serrano incurriera en el delito que se le atribuía. El fallo pone fin a un procedimiento judicial y disciplinario que se ha prolongado durante años y que ha marcado su trayectoria profesional. Además, la sentencia ya es firme, por lo que no cabe recurso alguno por parte de las partes implicadas.

Los jueces consideran que no puede sostenerse que Serrano persiguiera «deliberada y maliciosamente» causar daño al general Mora Moret. Tampoco aprecian la concurrencia de los elementos necesarios para apreciar un delito de denuncia falsa. En la resolución se alude, en cambio, al «ambiente de gran complejidad» en el que se produjeron los hechos y al contexto de conflicto que, según su relato, desembocó en una situación de «persecución».

El origen del conflicto se remonta a 2013, cuando Serrano, destinada en el Seprona de Sevilla, trasladó a sus superiores la existencia de presuntas irregularidades en actuaciones relacionadas con el control del comercio ilegal de productos pesqueros inmaduros en Mercasevilla y con la actividad de empresas dedicadas al reciclaje de aceites vegetales.

Aquellas denuncias internas no prosperaron penalmente, y los procedimientos terminaron archivados por prescripción. Posteriormente, la situación dio un giro cuando el entonces máximo responsable de la Comandancia presentó una denuncia contra la propia suboficial al considerar que sus acusaciones carecían de fundamento y podían constituir un delito de denuncia falsa en el ámbito del Código Penal Militar.

Como consecuencia de aquellas denuncias, la brigada fue objeto de un expediente disciplinario y de un proceso penal que terminó sentándola en el banquillo. El caso trascendió el ámbito nacional y llegó incluso hasta la Comisión Europea, ante la que la suboficial solicitó amparo en calidad de alertante de corrupción, al considerar que estaba sufriendo represalias por su actuación profesional.

Denuncias cruzadas

El tribunal realiza en su sentencia un repaso minucioso de los hechos ocurridos a lo largo de más de una década, así como de las denuncias cruzadas entre las partes. También analiza los intentos planteados por la defensa para evitar la celebración del juicio oral.

La sentencia subraya igualmente que la Fiscalía retiró la acusación inicial poco antes de la vista oral. Pese a ello, la acusación particular, ejercida por el general Mora Moret, mantuvo su petición de condena, que ascendía a 11 meses de prisión para Serrano y al pago de una indemnización de 20.000 euros en concepto de daños.

Durante su intervención final en el juicio, Serrano defendió que actuó conforme a sus obligaciones profesionales, ya que su deber consistía en poner los hechos en conocimiento de sus superiores, investigarlos, elaborar el correspondiente informe y elevarlo por el cauce reglamentario.

La sentencia firme pone así punto final a un largo proceso que ha afectado tanto a su trayectoria profesional como a su vida personal. Durante estos años, Serrano ha denunciado haber sufrido represalias, como expedientes disciplinarios, cambios de destino y la pérdida de su especialidad en el Seprona. Incluso llegó a perder la vivienda que tenía asignada en el acuartelamiento de Montequinto, pasando también por periodos prolongados de baja médica.