Detenida la esposa y cinco sicarios por el asesinato del empresario sevillano en República Dominicana

La muerte de Antonio J. L., un conocido empresario sevillano de 59 años, ya no es un misterio. Su cuerpo apareció sin vida el pasado septiembre en Damajagua, una localidad de la República Dominicana, dentro de su vehículo y con un disparo en la cabeza. Lo que entonces parecía un suceso aislado en un país caribeño, escondía una historia mucho más turbia que comenzó a desentrañarse a miles de kilómetros, en una comisaría de Cádiz.

Y es que, aunque el crimen se cometió en el Caribe, las primeras sospechas surgieron en España. Personas del entorno más cercano de la víctima acudieron a la Policía Judicial de Cádiz el mismo mes del asesinato. No se fiaban. Para ellos, las circunstancias de la muerte eran, textualmente, «inquietantes y poco claras». Esa denuncia fue la semilla de la 'operación Plantel', que ahora ha culminado con seis detenidos.

El empresario, que regentaba un vivero en Dos Hermanas, estaba inmerso en un proceso de separación de su mujer. No era un trámite sencillo. Entre ambos mediaban «importantes asuntos económicos y patrimoniales pendientes de resolver», según han detallado fuentes de la investigación. Esa guerra soterrada por el dinero y la propiedad de la empresa fue el caldo de cultivo de la tragedia.

Las pruebas que dejó la víctima

Antes de emprender su último viaje, Antonio hizo algo que heló la sangre a sus seres queridos después de lo ocurrido. Entregó a gente de su máxima confianza, en España, una serie de documentos personales. Entre ellos, gestiones para recuperar parte de su patrimonio y trámites que su aún esposa debía realizar en el consulado. Como si presintiera el desenlace, también dejó unos audios desgarradores.

En esas grabaciones, el empresario no hablaba de negocios, sino de miedo. «Manifestaba su preocupación por su seguridad personal y aseguraba temer por su vida», explican desde la Policía Nacional. Esa premonición en forma de audio, unida a la documentación aportada, hizo saltar todas las alarmas y confirmó a los agentes que no estaban ante una muerte casual, sino ante un violento designio.

A partir de ahí, la Brigada de Policía Judicial de Cádiz, a través del Agregado de Interior de España en el país caribeño, estableció un puente de colaboración con las autoridades dominicanas. La Dirección Central de Investigación (Dicrim) se puso manos a la obra. Gracias al análisis de cámaras y a diversas entrevistas, lograron reconstruir con precisión los últimos pasos de la víctima.

Un plan macabro y bien engrasado

Lo que descubrieron los investigadores fue una trama criminal perfectamente orquestada. La principal sospechosa, la esposa del fallecido, Patria Eridania Gómez Jiménez, habría actuado como autora intelectual. Presuntamente, coordinó un plan diabólico junto a personas de su círculo, contactando con intermediarios para encontrar al verdugo. No era un crimen pasional, era un asesinato por encargo.

La logística del crimen estaba fríamente calculada. Uno de los implicados, Leonardo Cruz, entregó un adelanto de 200.000 pesos dominicanos (unos 2.800 euros) a otro detenido, Lorenzo Osoria López, para ejecutar el asesinato. Le prometieron otros 200.000 pesos una vez el trabajo estuviera hecho. Osoria contactó entonces con el sicario, Julio César López, un hombre que se había ganado la confianza del empresario.

Lo más aterrador del caso es cómo sucedió. El sicario, aprovechando esa confianza, viajaba con Antonio en su propio vehículo. En un momento dado, lo llevó engañado hasta un paraje solitario y despoblado en Damajagua. Allí, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza, acabando con su vida de forma instantánea y dejando su cuerpo en el asiento del coche.

Tras el crimen, la pistola utilizada, una de calibre nueve milímetros, pasó de mano en mano para evitar que la policía la encontrara. Del intermediario fue a parar a un tercer implicado, Jesús Ramiro Fernández, que la escondió en su domicilio. Sin embargo, los agentes dominicanos fueron más rápidos. Durante los registros, localizaron el arma y los análisis balísticos de la Policía Científica confirmaron lo que todos temían: el casquillo hallado en la escena del crimen coincidía plenamente con esa pistola.

El resultado de esta macabra operación se salda con seis personas detenidas, acusadas de planificar, ejecutar y encubrir el asesinato. Todos ellos han sido puestos a disposición del Ministerio Público dominicano, que deberá dirimir ahora el grado de participación de cada uno en este crimen que ha conmocionado a la colonia española en la isla. La investigación, un ejemplo de cooperación internacional, ha logrado poner luz a un caso que, durante meses, estuvo lleno de sombras.