Centro Penitenciario de Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera
Sevilla
Nueva agresión a funcionarios por parte de un interno: «Es el reflejo de un sistema penitenciario desbordado»
El sindicato ACAIP denuncia la creciente entrada de sustancias tóxicas en prisión al generar episodios «más imprevisibles y peligrosos»
Suma y sigue. El sindicato ACAIP ha denunciado este domingo una nueva agresión a funcionarios en el Centro Penitenciario Sevilla II, donde un interno tuvo que ser atendido en estado de semiinconsciencia, aparentemente bajo los efectos de sustancias tóxicas, y posteriormente protagonizó un violento episodio contra los trabajadores.
Los hechos se produjeron durante la mañana de este sábado, cuando los funcionarios vieron al interno en el suelo, con síntomas evidentes de intoxicación.
Por orden del Jefe de Servicios fue trasladado a enfermería, donde el interno reaccionó «de forma súbita y extremadamente agresiva, abalanzándose contra el personal penitenciario y sanitario», según ACAIP, que ha asegurado que fue necesaria la intervención del Jefe de Servicios, del personal sanitario y varios funcionarios ante la violencia mostrada por el preso.
Como consecuencia de ello, varios trabajadores «resultaron lesionados y tuvieron que recibir atención médica».
No hay medios adecuados
Desde ACAIP han denunciado que este tipo de situaciones «no son hechos aislados, sino el reflejo de un sistema penitenciario desbordado y sin medios adecuados».
«La creciente entrada de sustancias tóxicas en prisión –incluido el peligroso fenómeno del papel impregnado con drogas como el cannabis sintético– está generando episodios cada vez más imprevisibles y peligrosos, sin que los trabajadores dispongan de herramientas eficaces para su detección», han añadido.
Asimismo, han denunciado que no se les reconoce como agentes de la autoridad, «lo que deja desprotegidos a los funcionarios ante agresiones como esta, sin la cobertura jurídica ni la contundencia penal necesaria para disuadir estos comportamientos».
Por todo ello, ACAIP ha exigido la dotación urgente de medios para detectar nuevas sustancias y frenar su entrada en prisión; el refuerzo inmediato de personal sanitario y cobertura de plazas médicas; la formación real y continuada en defensa personal para los trabajadores; el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad; y una actualización profunda del sistema penitenciario y de las plantillas, adaptándolo a la realidad actual.