Sevilla  Un exalcalde socialista de Burguillos deberá resarcir al Ayuntamiento con 80.000 euros por una obra inacabada

El Tribunal de Cuentas ha condenado al exalcalde socialista de Burguillos Valentín López a reintegrar 80.785,06 euros al Ayuntamiento por su actuación en la gestión de una subvención pública destinada a un centro para iniciativas locales de empleo. La sentencia, dictada el pasado 22 de mayo, aprecia una «grave negligencia» en el manejo de los fondos y le declara responsable directo del perjuicio económico ocasionado a las arcas municipales.

El origen del caso se remonta a la edición de 2015 del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFOEA), cuando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) concedió al Ayuntamiento una subvención de 157.500 euros para sufragar los costes salariales de las obras del futuro centro de empleo. A esa ayuda se sumó en 2016 otra subvención de 63.000 euros, otorgada por la Diputación de Sevilla y cofinanciada por la Junta de Andalucía, para cubrir el coste de materiales del proyecto.

Sin embargo, según la demanda promovida por el Ayuntamiento en 2024, ya bajo el mandato del alcalde popular Domingo Delgado, el proyecto no llegó a completarse. Un informe del SEPE, elaborado tras una inspección, concluyó que únicamente se había ejecutado el 50,8 % de la actuación prevista. Pese a ello, el exregidor socialista presentó documentación para acreditar la finalización íntegra de las obras.

En concreto, el procedimiento recoge que Valentín López utilizó un certificado de finalización de obra emitido el 28 de octubre de 2016 para acreditar que la obra estaba concluida. Según la denuncia del Consistorio, el exregidor «conocía que lo afirmado en dicho certificado resultaba incierto», extremo que el Tribunal de Cuentas considera acreditado tras examinar la documentación y los hechos analizados.

A raíz de estas circunstancias, el SEPE abrió un expediente de reintegro en diciembre de 2016 para reclamar las cantidades no destinadas al objeto previsto en la subvención pública. El procedimiento terminó obligando al Ayuntamiento a devolver 80.785,06 euros, una cuantía que abonada con fondos municipales y que ahora deberá asumir personalmente el exalcalde.

La sentencia concluye que «ha resultado probado que sí se produjo una salida de fondos públicos del patrimonio del Ayuntamiento de Burguillos» y que esa cantidad «produjo un daño efectivo e individualizado en el patrimonio público municipal». Según el Tribunal, la devolución supuso «una disminución injustificada de unos recursos públicos» inicialmente previstos para otros fines de interés municipal que finalmente no pudieron ejecutarse.

El fallo también recoge las consecuencias materiales del proyecto inacabado. El Ayuntamiento tuvo que afrontar el desplome del testero este del edificio por la ausencia de obras de cimentación en una parte del inmueble, un episodio que agravó el impacto derivado de la ejecución incompleta del centro para iniciativas locales de empleo.

El Tribunal de Cuentas rechaza tambiénla defensa de Valentín López, quien alegó carecer de competencias directas sobre obras municipales y defendió una posible prescripción del asunto. Ninguno de estos argumentos prosperó. La resolución sostiene que el entonces alcalde «era perfecto conocedor del estado de ejecución real de las obras» y concluye que fue «totalmente responsable de la incorrecta gestión de la subvención de referencia».

Por ello, el órgano fiscalizador fija en 80.785,06 euros el alcance causado sobre los fondos municipales, declara al exalcalde responsable directo del perjuicio y lo condena a abonar «el reintegro de la suma en que se cifra su responsabilidad contable». No obstante, la resolución aún puede ser recurrida mediante apelación.

En paralelo, el caso mantiene abierta una vertiente penal. El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla tramita diligencias derivadas de la denuncia presentada por el actual Gobierno local contra el exalcalde por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y falsedad documental. La Audiencia de Sevilla ordenó en 2024 continuar la investigación penal, aunque dejó fuera de esa vía los hechos ya examinados por el Tribunal de Cuentas.