Sevilla  Los okupas de los corralones de Castellar reciben el espaldarazo de la izquierda contra la «especulación»

Los okupas de la calle Castellar de Sevilla han recibido un nuevo espaldarazo de la izquierda. Al apoyo expreso del PSOE tras los incidentes con la empresa de desokupación se une ahora el grupo Por Andalucía, que ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para que la Junta declare los corralones bien de interés cultural (BIC) con la categoría de lugar de interés etnológico.

La iniciativa de Por Andalucía –marca regional de Izquierda Unida y Sumar– reclama al Gobierno de Juanma Moreno que inicie de oficio el procedimiento de protección previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía y condene «las actuaciones violentas e intimidatorias» vinculadas a las empresas de desokupación.

Según la Ley de Patrimonio Cultural, los lugares de interés etnológico son «aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios del pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por su relevante valor etnológico». Si los corralones adquieren esta categoría, su venta estaría sujeta a restricciones y al control de la Administración pública.

La propiedad de los corralones ha reconocido a El Debate que su intención es vender el edificio tras acometer una reforma porque los alquileres ya no le son rentables y también que recibió una oferta en 2016. Sin embargo, niega que haya una operación urbanística para convertir el espacio en un hotel o apartamentos turísticos. Se trataría de un «bulo» para justificar la okupación.

El PSOE y Por Andalucía han comprado el relato de los okupas para hacer oposición al Gobierno municipal y la Junta de Andalucía, respectivamente, sin preguntar a los vecinos de la calle, aquellos que sufren peleas y ruidos continuamente, no a los residentes ilegales de los corralones, que se llaman «vecinos» mutuamente para blanquear su situación.

Tras los incidentes del pasado 7 de julio, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y exalcalde, Antonio Muñoz, condenó que tres empleados de la empresa de desokupación de los corralones «allanaran de forma violenta» la vivienda de una «inquilina» y alertó de que se pretende cambiar un colegio –el Calderón de la Barca– por un hotel y sustituir vivienda protegida, equipamientos y suelo productivo por viviendas de lujo.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, respondió a las acusaciones del portavoz socialista a través de una nota de prensa donde negó que exista ningún «pelotazo urbanístico». Además, afirmó que el verdadero problema de los corralones es de seguridad ciudadana, «desencadenado por la ocupación ilegal de determinadas viviendas que el PSOE está intentando ocultar», por lo que le instó a que «solicite al Gobierno más policías nacionales para Sevilla».

Por Andalucía, por su parte, ha movido ficha este martes. «Lo que está ocurriendo en los corralones es la consecuencia de un modelo que pone el negocio inmobiliario por encima de las personas y del patrimonio común. [Juanma] Moreno no puede seguir siendo un espectador mientras la especulación expulsa a quienes mantienen viva la historia de Sevilla», ha criticado Esperanza Gómez, la diputada firmante de la PNL.

«Los corralones no son un solar donde hacer negocio. Son espacios únicos de creación, de convivencia y de memoria colectiva. Si la Junta protege otros lugares de enorme valor etnológico, no existe ninguna excusa para abandonar estos espacios a los intereses especulativos», ha añadido la dirigente de Por Andalucía al respecto.

Para la diputada andaluza, la defensa del patrimonio «no puede quedarse en los discursos institucionales. Cuando un Gobierno permite que desaparezcan estos espacios, está renunciando a proteger una parte de la identidad de Andalucía. La cultura también se defiende impidiendo que la codicia destruya lo que pertenece a toda la ciudadanía».

Por Andalucía considera que la declaración como BIC es una medida urgente para garantizar la conservación de los corralones y evitar la «presión inmobiliaria» sobre este exponente del patrimonio popular de Sevilla. Una iniciativa que, sin embargo, nace sin una sola mención a los vecinos de la calle Castellar, que denuncian los problemas de convivencia, ruidos e inseguridad derivados de la okupación del inmueble.