Sevilla  Las tres maniobras de presión del fondo americano contra Burguillos para cobrar la deuda heredada del PSOE

El conflicto por la deuda de Burguillos (Sevilla) con KSAC Europe Investment ha subido otro escalón. El fondo estadounidense ha solicitado a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía que valore la disolución del Ayuntamiento si este no cumple la sentencia que le obliga a pagar más de 27 millones de euros. Es el último capítulo de un pulso que ha pasado de reclamar el dinero al municipio a presionar personalmente a sus responsables políticos.

El origen del conflicto está en la deuda vinculada a la quiebra de la empresa municipal Burguillos Natural en la etapa de gobierno del PSOE. El importe inicial rondaba los 13,5 millones de euros, pero los intereses acumulados han elevado la cantidad hasta superar esos 27 millones. KSAC compró aquella deuda por unos siete millones y reclama ahora su cobro en ejecución de una sentencia dictada en 2017 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla.

La resolución reconoció a KSAC un crédito superior a 27 millones frente al Ayuntamiento como consecuencia del concurso de acreedores de Burguillos Natural. La sentencia adquirió firmeza en 2022. Según el fondo, esa obligación debe figurar en las cuentas municipales y ser atendida mediante la financiación previamente autorizada. Para el Ayuntamiento, sin embargo, el problema reside en cómo afrontar una cantidad que considera desproporcionada respecto de sus recursos.

La primera maniobra de presión se produjo hace un año aproximadamente, en septiembre de 2025, y apuntó directamente al alcalde, Domingo Delgado (PP), y al resto de su equipo de gobierno. KSAC exigió que respondieran de la deuda con su propio patrimonio. Desde el Ayuntamiento rechazaron entonces las prácticas de «presión y chantaje» y avisaron de que no cederían ante lo que consideraban un comportamiento «mafioso».

La segunda ofensiva llegó el pasado mes de junio. El fondo exigió multas de 50 euros diarios, unos 1.500 euros al mes, para los concejales que no acreditaran su colaboración en la ejecución de la sentencia. Se trataba de «una cantidad superior incluso al sueldo que perciben muchos de los concejales afectados por dedicar su tiempo a trabajar por Burguillos», según afirmó el alcalde.

La tercera maniobra, la que eleva ahora el conflicto a un nuevo nivel institucional, es la petición dirigida a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. KSAC solicita que valore la disolución de los órganos municipales si el Consistorio no ejecuta la sentencia en los términos que reclama. El fondo sostiene que Burguillos debe reconocer presupuestariamente la deuda y adoptar las medidas necesarias para garantizar su pago.

KSAC recuerda que Burguillos obtuvo autorización para acceder a más de 28 millones de euros del Fondo de Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, aunque finalmente el Ayuntamiento solo solicitó dos millones. El fondo pide ahora a la Junta que requiera al Consistorio para formalizar «el correspondiente contrato de préstamo con el ICO, por importe total de los 28.250.944,54 euros» y destinar esos recursos al pago de la deuda reconocida judicialmente.

El alcalde de Burguillos ha advertido de que asumir un préstamo de 28 millones supondría «cerrar» de facto el Ayuntamiento, al dejar buena parte de sus recursos comprometidos durante años. Según sus cálculos, la operación implicaría una cuota anual de 2,8 millones de euros durante 12 años. El Gobierno local considera que esa carga pondría en riesgo la capacidad municipal para mantener los servicios ordinarios.

KSAC utiliza además la situación económica del Ayuntamiento para defender su posición. Según el escrito remitido a la Junta, Burguillos cerró 2025 con un superávit de más de dos millones de euros y un remanente de tesorería de 2,8 millones. El fondo considera que estas cifras demuestran que existe capacidad para afrontar la obligación y reclama que se refleje adecuadamente en las cuentas municipales.

El Ayuntamiento mantiene una lectura opuesta y defiende fórmulas que permitan cumplir la sentencia sin comprometer su continuidad. La última contempla el pago de 13,6 millones, correspondientes a lo fijado en la sentencia, una solución que el alcalde considera compatible con la supervivencia financiera del municipio.

El pulso llega así a su tercera –y más contundente– fase. Primero, KSAC trató de comprometer personalmente a alcalde y concejales; después, reclamó sanciones de 50 euros diarios para cada edil, y ahora ha acudido a la Junta para que valore una eventual disolución del Ayuntamiento. El fondo busca que se ejecute una sentencia firme; el Gobierno local advierte de que hacerlo en los términos exigidos puede hacer inviable la propia institución.