El nuevo decreto de vivienda saca del mercado una casa de un pueblo de Sevilla que iba a subastar el Gobierno

El nuevo decreto de vivienda ha sacado del mercado una casa de un pueblo de Sevilla que iba a subastar el Gobierno. La Tesorería General de la Seguridad Social ha suspendido de forma fulminante la puja de un inmueble en Lebrija que salía a la venta por 100.352 euros. La suspensión responde al nuevo Real Decreto-ley 26/2026 de vivienda que no llegó a ser convalidado por el Congreso.

La resolución ha sido dictada por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla y publicada este pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El documento, que cuenta con la firma de la directora provincial Teresa Caipa Pérez, formaliza la suspensión del procedimiento abierto. El proceso de enajenación se había aprobado originalmente el pasado 22 de junio, lanzando la convocatoria oficial el 9 de septiembre y su posterior anuncio en el BOE el día 14.

El detonante de este cambio fue la publicación del Real Decreto-ley 26/2026, uno de los llamados decretos Maricarmen, los cuales fueron rechazados por el Congreso. Esta norma, en concreto, contemplaba transferir viviendas del patrimonio de la Seguridad Social a la entidad Casa 47 para destinarlas a alquiler asequible.

A pesar de que el Congreso de los Diputados finalmente no convalidó el decreto, la Tesorería General de la Seguridad Social ha optado por paralizar la operación mientras sus servicios jurídicos determinan el tratamiento legal que debe recibir este inmueble. Debe tenerse en cuenta también que los decretos pueden ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso.

Según consta en el BOE, el organismo justifica formalmente la medida en la necesidad de «salvaguardar el interés público y evitar actuaciones que pudieran resultar incompatibles con las previsiones de la citada norma». Las autoridades insisten en que la licitación no se reanudará hasta que se determine «de forma definitiva el régimen jurídico aplicable al inmueble».

El pliego de condiciones de la subasta suspendida obligaba al licitador a cubrir un mínimo del 50 % del precio de cierre para adjudicarse el activo. Al detenerse el proceso, la vivienda de dos plantas se mantiene temporalmente bajo la titularidad del patrimonio de la Seguridad Social.

El futuro del inmueble andaluz es incierto, aunque cabe la posibilidad de que termine integrado en la red de políticas públicas de vivienda asequible. Por el momento, la Tesorería únicamente ha acordado detener la subasta, con la vista puesta en que el decreto al que responde la decisión sea convalidado por la Diputación Permanente del Congreso.