Miguel Carcaño, en una imagen de 2014
La Fiscalía pide cerrar la investigación por intrusismo contra el perito del móvil de Miguel Carcaño
El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) había denunciado por un posible delito al CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta, al «carecer de titulación académica con validez en territorio español»
La Fiscalía de Sevilla ha vuelto a solicitar el archivo de la investigación por un posible delito de intrusismo al CEO de la empresa Lazarus Technology, Manuel Huerta, que analizó los datos clonados del teléfono móvil de Miguel Carcaño, único condenado por la desaparición y muerte de Marta del Castillo a 21 años de prisión.
La controversia judicial se produjo tras la denuncia del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) que alegó que este perito ejerció sus funciones durante la realización del informe forense sin disponer de la titulación académica adecuada. Sin embargo, el Ministerio Público aprueba dar carpetazo a la causa debido a que la ingeniería informática no es una profesión “regulada por ley en España". Sin exclusividad profesional, no hay normativa estricta que aplique el delito de intrusismo.
La empresa de ciberseguridad de Huerta fue la encargada de clonar y analizar el teléfono del autor confeso de la desaparición y muerte de Del Castillo para extraer y reconstruir los datos de geoposicionamiento, así como los mensajes que salieron del terminal de Carcaño con el objetivo por parte de la investigación de trazar las ubicaciones reales del entonces sospechoso la noche del crimen y así hallar pistas sobre el paradero del cuerpo.
Denuncia del Colegio de Informáticos
El Ministerio Público ha solicitado el archivo de la investigación por un posible delito de intrusismo protagonizado por Manuel Huerta.
El Colegio defendía que el investigado habría «intervenido en calidad de perito en informática forense» en el caso de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo «siendo la realización de informes periciales informáticos acto propio de la profesión de ingeniero técnico en informática» y habiendo afirmado esta intervención tanto en sede judicial como ante medios de comunicación a pesar de «carecer de titulación académica con validez en territorio español».
Pero la Fiscalía argumenta que «a diferencia de otras ramas tradicionales como la industrial, caminos o telecomunicaciones, la ingeniería informática no fue considerada formalmente una profesión regulada por ley en España».
Actividad avalada por la ley
Así, incide en que «la entidad que representa a la profesión de ingeniería informática española, en su propia página web, reconoce que la ingeniería informática lleva décadas en una anormal situación regulatoria, especialmente en relación al resto de ingenierías, aceptando que no existe un reconocimiento de la actividad profesional».
Además, remarca que la ley de enjuiciamiento criminal «regula la posibilidad de que por el juez instructor se acuerde la práctica del informe pericial por peritos titulares como no titulares que carecen de título oficial», por lo que «la actividad pericial realizada por el perito denunciado estaría igualmente avalada por dicha ley», dado que «la actividad realizada por el denunciado no se encuentra entre las señaladas de exclusividad profesional de los ingenieros técnicos de informática o ingenieros técnicos en informática de sistemas».
En contexto, del decano del CPITIA, Pedro de la Torre, solicitaba hace unas semanas la tramitación como procedimiento abreviado del caso en aras de agilizar la instrucción.
Incidía además en que el mismo continúa prestando sus servicios «en lugar abierto al público, atribuyéndose además de forma reiterada en medios de comunicación la condición de perito en informática, para lo cual, sostiene, no se requiere de ninguna titulación».