Menorca modifica 17 artículos de su reglamento lingüístico para reconocer el uso del castellano

el Consell de Menorca, gobernado por Adolfo Vilafranca (PP), abre al fin la puerta a la «cooficialidad real y efectiva» entre catalán y castellano en el Consell insular. La iniciativa, presentada esta semana por el conseller de Cultura, Joan Pons Torres, tramitada por vía de urgencia implica una modificación de calado: 18 de los 27 artículos del Reglamento de Usos Lingüísticos se verán alterados para incorporar el castellano y dar «prioridad a las formas lingüísticas del menorquín».

El actual reglamento original, aprobado en 2016, consagraba el catalán como lengua vehicular en la atención presencial, procedimientos administrativos y medios de comunicación institucionales. La reforma mantiene esa prioridad, pero abre la puerta al castellano en casi todos los demás supuestos: todas las disposiciones normativas, resoluciones, pliegos, formularios e incluso la página web deberán publicarse simultáneamente en catalán y castellano, añadiendo además inglés y francés en los portales digitales.

Así, el personal del Consell deberá acreditar competencias en ambos idiomas, tanto para la formación profesional interna como para los ejercicios de acceso, derogando así el artículo que imponía el catalán como lengua obligatoria de reuniones y cursos de formación continua. Hasta la señalización en vías o bienes del Consell podrá incluir el castellano cuando lo aconsejen «circunstancias sociolingüísticas».

Otra de las novedades es que priorizará «las formas lingüísticas del menorquín» en atención telefónica y presencial, publicaciones, cartelería y publicidad institucional. El cambio del reglamento forma parte del acuerdo entre el PP y la consellera no adscrita y ex de Vox, Maite de Medrano, a cambio de permitir la aprobación de los presupuestos.

De Medrano reclamó también impulsar el menorquín y las tradiciones locales frente a la premisa catalanista de que «no existen los Países Catalanes, ni Menorca es un apéndice catalán».

La modificación de la normativa lingüística se dictaminó en comisión con el voto en contra de Més per Menorca y la abstención del PSOE, que cuestionó la urgencia de su aprobación en el pleno ordinario de diciembre.

Para los nacionalistas menorquines, el fin de la discriminación del castellano en la institución es una «ofensiva» del PP contra el uso institucional del catalán, una decisión que «rompe décadas de consenso y no responde a una necesidad real, sino a una ofensiva ideológica contra el patrimonio lingüístico de Menorca». Apunta a la «clara voluntad política» del conseller de Cultura, Joan Pons, y la no adscrita, Maite de Medrano, de «imponer el castellano y arrinconar el catalán en la administración pública».

Joan Pons, exdirector de Sa Fundació -la entidad cultural que promueve el uso del menorquín frente al catalán estándar-, asumirá personalmente la supervisión del reglamento, supliendo y, de hecho, derrocando la comisión de seguimiento que funcionaba desde 2016 y que también figuraba en la modificación de 2021. Aquella comisión incluía al conseller, al presidente del Consell, un técnico del servicio lingüístico, otro de gestión de personal, el comité de empresa y un delegado de cada sindicato y grupo político.