El conseller Joan Pons, que ha impulsado el cambio lingüístico
Menorca
La pregunta de un conseller del PP que descoloca al nacionalismo: «¿Dónde está el problema?»
PSOE y nacionalistas votan en contra de reforzar el menorquín y el español en el reglamento lingüístico y acusan a Joan Pons de «radical» y «atacar» al catalán
Sin dramatismo y con total naturalidad, Joan Pons lanzó este lunes en el pleno del Consell de Menorca una pregunta que descolocó tanto al PSOE como a los partidos nacionalistas: «¿Dónde está el problema?». El conseller insular de Cultura condensó así la filosofía de la reforma del reglamento lingüístico aprobada por la institución, una modificación que ha desarmado buena parte del discurso alarmista del nacionalismo catalán en la isla. «Nos ajustamos a la ley, priorizamos el uso del menorquín y no excluimos el castellano. ¿Qué hay de malo? ¿Dónde está el problema?», insistió Pons, convencido de que la polémica responde más a un «excesivo alarmismo» que al contenido real de la reforma.
El gobierno insular, en manos del PP, sacó adelante este lunes la modificación de su reglamento lingüístico, que afecta a 18 de sus 27 artículos. El cambio fue aprobado en el pleno tras el acuerdo presupuestario entre el PP y la exconsellera de Vox Maite de Medrano, si bien la reforma llevaba meses en elaboración.
La iniciativa contó con el rechazo del PSOE, alineado con Més per Menorca, que votó en contra. Con ello, los socialistas se opusieron a una reforma que garantiza el uso efectivo del castellano en la administración pública insular y que refuerza el menorquín frente a un catalán estándar que, según los defensores del cambio, está alterando la forma de hablar tradicional de la isla.
PLIS pide que se extienda al resto de islas
Desde el área de Cultura, Joan Pons Torres defendió la medida frente a las críticas del nacionalismo catalán y dejó claro que el catalán —tal como reconoce el Estatuto de Autonomía de Baleares— seguirá siendo la lengua propia, que el menorquín, discriminado hasta ahora, ganará presencia sin complejos y que el castellano dejará de ser tratado como una anomalía en una administración que opera bajo un régimen de doble oficialidad amparado por la ley.
Sin embargo, los nacionalistas abogan por la imposición del catalán estándar en todas las esferas públicas; todo lo demás es un ataque se considera «un ataque» a la lengua catalana. La izquierda acusó a Pons de «radical».
En cualquier caso, esta apertura lingüística en Menorca ha creado un efecto llamada. La asociación de docentes PLIS Educación, por favor cree que el paso dado por la institución insular no debería limitarse sólo al territorio menorquín sino que debería extenderse al conjunto de las administraciones locales y autonómicas, incluidos el Govern balear y el Parlament.
«El nacionalismo siempre ha sido muy hábil, mediante fraude legislativo, a la hora de pervertir los mandatos constitucionales. Es hora de que esto acabe y se imponga el sentido común. Hay dos lenguas oficiales y debe haber equilibrio institucional», exigen desde PLIS, que recuerda que durante años la cooficialidad del castellano en Baleares ha sido meramente formal pero no se ha llevado a la práctica.
«Pons y Vilafranca cumplen sus promesas»
Además, la asociación cuestiona que «distintos gobiernos presididos por el mismo partido político, el PP, apliquen políticas lingüísticas diferentes según el territorio o la institución desde la que gobiernan». Reconoce, eso sí, que «por ahora, sólo el conseller de Cultura de Menorca, Joan Pons, y el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, están cumpliendo sus promesas de equilibrio entre las dos lenguas oficiales».
La asociación reivindica el cumplimiento estricto de la ley de normalización lingüística y la recuperación del prestigio de las modalidades lingüísticas baleares, a las que consideran injustamente relegadas al ámbito coloquial: «Hay que dejar de tratarlas como simples hablas informales».
Se preguntan «qué clase de complejo» lleva a traducir sistemáticamente al catalán estándar intervenciones realizadas en mallorquín, menorquín, ibicenco o formenterense, modalidades en las que diputados y consellers debaten asuntos jurídicos, económicos o administrativos de alto nivel.
«Las modalidades lingüísticas son tan normativas como el catalán estándar. El mallorquín es mucho más que una forma de hablar de payeses apta sólo para la broma», concluyen.