El Gobierno de Baleares impugna el traslado de un menor migrante no acompañado de Canarias a Baleares

La Abogacía de Baleares interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria contra la resolución por la que se acuerda el traslado y la reubicación de un menor extranjero no acompañado a Baleares.

Así se ha aprobado en el Consell de Govern de este viernes, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.

Tal y como ha recogido Europa Press, se trata de la tercera propuesta de traslado de un menor no acompañado a Baleares a la que la Abogacía ha interpuesto un recurso. De momento, ha dicho el portavoz, no hay llegado ninguno de los tres menores.

El recurso se ha interpuesto contra la resolución de 4 de diciembre de 2025 del delegado del Gobierno en Canarias por la que se acuerda el traslado y la reubicación de un menor extranjero no acompañado en las Islas.

Dicha resolución establece que los servicios de protección de la comunidad asuman la tutela y custodia del menor en aplicación del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, y el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, relativos a la gestión de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

Cabe recordar que la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares ha impugnado ambas normas, con la autorización del Consell de Govern. Según la Abogacía, la resolución del delegado del Gobierno «no motiva adecuadamente» la desestimación de las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma durante el período de audiencia.

En este sentido, se advierte la «vulneración» del procedimiento establecido para el traslado y reubicación de menores, especialmente por la falta del acuerdo previo de la correspondiente conferencia sectorial.

Emergencia migratoria en Baleares

Además, subrayan, la resolución «no tiene en cuenta» el nivel de ocupación de los centros de atención especializada a menores extranjeros no acompañados en el archipiélago ni la situación de emergencia migratoria que el Govern ha retirado en varias ocasiones que sufre Baleares.

Una cifra que supera la capacidad real

Desde el Ejecutivo han señalado que el sistema de protección y tutela de Baleares atiende a un total de 745 menores extranjeros no acompañados, una cifra «muy superior» a la capacidad ordinaria asignada.

En este contexto, el Govern también ha puesto de manifiesto las «deficiencias» del Real Decreto que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de cada comunidad autónoma y asigna a Baleares una capacidad de 406 menores.

Según la Abogacía, esta asignación se fundamenta en criterios «insuficientemente justificados», con una aplicación «opaca y arbitraria» que «genera desequilibrios territoriales y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial».

Reparto de fondos

El Consell de Govern ha autorizado la distribución entre los cuatro consells insulares de los créditos estatales destinados a la financiación de la atención a menores migrantes no acompañados. La distribución se realizará sobre la base de un convenio suscrito entre el Govern y cada uno de los consells.

El crédito se deriva de las transferencias del Ministerio de Juventud e Infancia por un importe de 100 millones de euros para todas las comunidades autónomas para cubrir los costes ocasionados por la sobreocupación y acogida de menores, y que contemplaba 4,6 millones de euros para Baleares.

A este importe se añaden los 35 millones distribuidos en las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares con los que el Ministerio reconoce que son «territorios afectados por una mayor presión migratoria que otros territorios del Estado español al ser un punto de acceso preferente de las rutas migratorias con destino a Europa».

Según este criterio, Baleares recibe 3,2 millones de euros, conformando un total de 7,8 millones de euros para las islas, que se distribuirán entre los consells teniendo en cuenta la acogida y sobreocupación de sus respectivos servicios de atención al menor.

Así, se destinan 3,1 millones de euros para el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS); 3,8 millones de euros para el Consell de Formentera; 728.000 euros para el de Ibiza, y 88.6000 euros para el Consell Insular de Menorca.

El portavoz del Govern ha reiterado que la aportación del Estado «es totalmente insuficiente» para hacer frente a los costes actuales, con una situación de sobreocupación como la que viven los servicios de menores de los consells.