Ventanas tapiadas para evitar una okupación
Declaración de la Renta
Prohens alivia la asfixia de los afectados por la okupación con una deducción de 500 euros
Entre los gastos deducibles se incluyen el IBI, la tasa de residuos, suministros como electricidad, agua, gas o telecomunicaciones, gastos de comunidad, conservación y mantenimiento de la vivienda, así como los costes derivados del procedimiento judicial
el acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal foco de inquietud social en España. Cuatro de cada diez ciudadanos sitúan este problema en el top 1 por encima de la política, la inmigración o la situación económica, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El imparable encarecimiento de los precios de compra y alquiler explica buena parte del malestar, pero no es el único factor: el temor a las okupaciones y a las llamadas «inquiokupaciones» ha terminado de tensionar un mercado ya asfixiado.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez minimiza el alcance del problema, Baleares mueve ficha y activa medidas para aliviar las consecuencias de este fenómeno que, según el último balance del Ministerio del Interior, deja 514 allanamientos y usurpaciones en un año: uno y medio al día.
Así pues, este 2026 aterriza con un alivio para aquellos propietarios de viviendas que hayan sufrido una ocupación ilegal. Todos ellos podrán podrán beneficiarse de una deducción fiscal de hasta 500 euros en la próxima declaración de la renta.
La medida, incorporada a las últimas cuentas de la comunidad mediante una enmienda de Vox pactada con el PP, establece una deducción del 40 % de los gastos asociados al inmueble, con un límite máximo de 500 euros, para aquellos propietarios o caseros que sufran este tipo de situaciones. El tope para acogerse a esta bonificación son 33.000 euros de base imponible en el caso de las declaraciones individuales y los 52.800 euros en las conjuntas.
Y un paso más al frente: la medida podrá aplicarse a aquellos propietarios que tengan una fecha de desahucio fijada pero el procedimiento haya sido suspendido por encontrarse el ocupante o inquilino en situación de vulnerabilidad.
Entre los gastos deducibles se incluyen el IBI, la tasa de residuos, suministros como electricidad, agua, gas o telecomunicaciones, gastos de comunidad, conservación y mantenimiento de la vivienda, así como los costes derivados del procedimiento judicial para recuperar la posesión del inmueble.
El papel de Armengol
Desde el Partido Popular de Baleares reivindican que el Govern que preside Marga Prohens demuestra con hechos su compromiso en la lucha contra la okupación ilegal, frente a lo que consideran un bloqueo deliberado del Gobierno central. Como ejemplo, señalan que la ley del PP contra la okupación ilegal lleva más de un año paralizada en el Congreso de los Diputados, sin debate ni explicación.
Los populares responsabilizan directamente a Francina Armengol, a quien acusan de mantener retenida la iniciativa desde su posición como presidenta de la Cámara, impidiendo que llegue al Pleno. A su juicio, no se trata de un retraso parlamentario sino de un «secuestro político» acordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para evitar que una norma con amplio respaldo social pueda salir adelante incluso sin el apoyo del PSOE.
En Baleares, denuncian, este bloqueo se traduce en procedimientos interminables, inseguridad en comunidades de vecinos y pequeños propietarios atrapados en conflictos legales mientras la okupación y la inquiokupación siguen aumentando.
La ley impulsada por el PP, recuerdan, plantea desalojos en un máximo de 24 horas, refuerzo de sanciones penales, prohibición del empadronamiento en viviendas ocupadas ilegalmente y beneficios fiscales para los propietarios afectados, sin menoscabar la protección social de las personas vulnerables.
Prohens endurece su discurso contra la okupación y la inquiokupación
La presidenta del Govern ha reiterado en diversas ocasiones su posición firme contra este fenómeno. El pasado mes de noviembre, durante una sesión de control en el Parlament, Prohens acusó a la izquierda de criminalizar a los pequeños propietarios y de proteger a los inquiokupas que dejan de pagar el alquiler.
La presidenta respondió así a las críticas del diputado de Izquierda Unida, José María García, quien había denunciado el aumento de desahucios y los elevados precios del alquiler.
Prohens defendió que su reproche no va dirigido a quienes no pueden pagar el alquiler, sino a quienes firman contratos con la intención de dejar de pagar y apropiarse de la vivienda.
«Ustedes siempre se ponen del lado de los delincuentes», llegó a reprochar a los grupos de izquierda, tras enumerar casos de propietarios modestos con graves dificultades económicas por inquilinos que, según afirmó, han dejado de pagar y se han apropiado de los inmuebles.
Desde el PP Balears insisten en que desbloquear la ley estatal contra la okupación no es una cuestión ideológica, sino de responsabilidad democrática, y exigen que se permita su debate inmediato para dar respuesta a un problema que, aseguran, afecta cada día a más familias en las Islas.