«Tengo inquiokupas desde hace tres años y la deuda no para de crecer, pero sólo para mí»

Llora constantemente, duerme mal, vive con ansiedad. Patricia —nombre ficticio — es una de las miles de personas afectadas en España por la inquiokupación, un término no recogido por la Real Academia Española ni acogido como tal en el Código Penal pero ampliamente conocido (y sufrido) por pequeños propietarios que viven un via crucis con su casa y ejercen de escudos humanos de un problema que deberían resolver los gobiernos: la vivienda.

El caso de esta mallorquina comienza a principios de 2023. Cuenta a El Debate que decidió alquilar su apartamento para hacer frente a la hipoteca, los impuestos y los gastos corrientes de la vivienda. No se trataba de una inversión especulativa ni de un segundo inmueble vacío. «Era mi casa y como iba a estar una temporada de aquí para allí, decidí cubrir esos gastos con un alquiler».

Se empeñó en hacer una selección adecuada y de entre los muchos candidatos que se presentaron, conoció a la que sería (por desgracia) la definitiva: una mujer sola, con contrato de trabajo en un centro de salud donde realizaba labores de limpieza y con su documentación en regla. A ojos de Patricia, cumplía con el perfil de estabilidad que buscaba.

El contrato de arrendamiento era explícito. El piso se alquilaba únicamente para una persona, sin posibilidad de introducir a más ocupantes y sin admitir animales. Sin embargo, apenas unos días después de la firma, la propietaria descubrió que la inquilina había metido en el apartamento a su marido y a sus dos hijos menores. Un cambio sustancial de las condiciones pactadas que se produjo sin consentimiento y que marcó el inicio de un conflicto que, tres años después, sigue sin resolverse por completo.

A partir de ese momento comenzaron los problemas. Las quejas y exigencias se sucedieron con rapidez: reclamaciones por electrodomésticos, exigencias de asumir gastos que no correspondían a la propietaria y presiones constantes. El consumo de suministros se disparó. Las facturas de agua superaron los 300 euros mensuales y la electricidad alcanzó cifras similares. Aun así, los inquilinos se negaron a poner los contratos a su nombre y, poco después, dejaron de pagar el alquiler.

Cuando Patricia reclamó lo que se le debía, la situación se deterioró aún más. Según relata, fue acusada de racismo -el marido es de etnia gitana- y comenzó a sufrir un acoso psicológico continuado. Le exigían dinero para irse, le contactaban a través de redes sociales para reprocharle que «ganaba mucho dinero» y llegaron a insinuar que conocían el paradero de su familia. El miedo se sumó al estrés económico y emocional.

Un proceso legal que se eterniza

En el mes de abril de 2023, Patricia interpuso una demanda de desahucio por impago ante el juzgado correspondiente. Lo que esperaba que fuera un proceso relativamente ágil se convirtió en una carrera de obstáculos. La parte demandada solicitó asistencia jurídica gratuita y el procedimiento quedó prácticamente paralizado. La designación de un abogado de oficio se demoró durante meses sin explicación, lo que provocó la suspensión del juicio y una dilación indebida que agravó aún más la deuda acumulada.

Mientras tanto, Patricia sigue pagando la hipoteca, los gastos de comunidad, la tasa de basuras y los suministros de una vivienda de la que no puede disponer. «La deuda crece, pero solo para mí», resume. El procedimiento avanza con una lentitud desesperante, alimentando una sensación de indefensión que, asegura, es compartida por muchos propietarios en su misma situación.

Pavor a alquilar tu casa

El caso de Patricia ilustra una realidad cada vez más extendida: el miedo de los pequeños propietarios a alquilar sus viviendas. Muchos optan por mantenerlas vacías ante lo que describen como una «tómbola» de inquilinos, en la que un solo error puede desembocar en años de litigios, pérdidas económicas y desgaste psicológico. «El acceso a la vivienda es un drama, sí», afirma Patricia, «pero los particulares no deberíamos pagar los platos rotos de la administración».

Ese sentimiento se ha visto reforzado por las políticas adoptadas en los últimos años en materia de vivienda. En especial, la prórroga reiterada de la suspensión de desahucios para personas consideradas vulnerables, una medida que el Gobierno ha ido extendiendo mediante sucesivos decretos. Esta estrategia legislativa, denuncian los afectados, consolida la inseguridad jurídica y traslada el coste social del problema a los propietarios privados.

«El Gobierno nos emplea de escudos humanos»

Patricia es especialmente crítica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de haber convertido a los pequeños propietarios en una red asistencial encubierta. A su juicio, la protección de la vulnerabilidad se aplica de forma automática y sin alternativas habitacionales reales por parte de la administración, dejando a los dueños de las viviendas atrapados en procedimientos interminables. «Si hay un problema estructural de vivienda, la solución no puede ser obligar a un particular a asumirlo durante años», sostiene.

Lejos de resignarse, Patricia se ha implicado en la asociación nacional de afectados por la ocupación, con el objetivo de visibilizar estos casos y reclamar reformas legales que equilibren la protección social con la seguridad jurídica, ya que muchos propietarios callan por miedo o vergüenza y esa invisibilidad contribuye a perpetuar el problema.

Mientras tanto, la realidad sigue siendo la misma: una vivienda ocupada, una deuda que no deja de crecer y una propietaria que espera que la ley se ejecute sin nuevos aplazamientos. El temor a que la prórroga de la vulnerabilidad vuelva a frenar el lanzamiento es constante. «No pido privilegios», insiste Patricia. «Solo que la justicia llegue a tiempo y que alquilar un piso no sea una ruleta rusa».

La «vulnerabilidad»

Este periódico ha publicado recientemente que la Justicia empieza, por fin, a tomarse en serio la «grieta» por la que durante años se han colado retrasos casi indefinidos en los lanzamientos: la aplicación automática y prolongada del criterio de vulnerabilidad. Una brecha legal que ha permitido suspender desahucios sin una revisión efectiva de si esa situación de vulnerabilidad persiste en el tiempo y que ha sido uno de los principales factores de inseguridad jurídica denunciados por propietarios como Patricia.

El punto de inflexión lo marca una sentencia del Tribunal Supremo, fechada el 12 de diciembre, en la que el alto tribunal fija doctrina sobre cómo debe aplicarse la vulnerabilidad a la hora de impedir un desahucio. El fallo recuerda que estas suspensiones, vigentes por ley desde 2013 y ampliadas por el actual Gobierno hasta mayo de 2028, no pueden entenderse como permanentes ni automáticas. Por el contrario, deben tener un carácter estrictamente transitorio.

El Supremo rechaza expresamente que pueda presumirse que una persona vulnerable lo sea de forma inmutable. «La vulnerabilidad puede venir a mejor fortuna, aligeramiento de las cargas familiares o producirse variaciones en la composición de la unidad familiar», señala la sentencia. En el caso analizado, un deudor hipotecario había evitado durante años el lanzamiento tras ser declarado vulnerable, apoyado en una resolución previa de la Audiencia Provincial de Madrid que avalaba un sistema de prórrogas automáticas sin necesidad de reevaluación.

El alto tribunal corrige ese criterio y subraya que la suspensión del desahucio debe concebirse como una «situación provisional y de transición a otra más firme», preferiblemente amparada por un contrato de arrendamiento u otra solución habitacional regulada. Además, establece que corresponde a la persona afectada solicitar expresamente la ampliación de la suspensión y acreditar que siguen concurriendo las condiciones legales de vulnerabilidad. En el caso concreto, al no haberse probado ni la solicitud de prórroga ni la persistencia de dichas condiciones, el Supremo concluye que no existía título válido de posesión y que procedía el desahucio.

Para afectados como Patricia, esta resolución abre una vía de esperanza, aunque con cautela. La doctrina del Supremo choca con la estrategia del Gobierno de seguir prorrogando la vulnerabilidad a través de decretos ómnibus, una fórmula legislativa que, denuncian, diluye el debate parlamentario y perpetúa la incertidumbre. La clave, señalan juristas y propietarios, estará en cómo los juzgados de instancia apliquen ahora este criterio y si la vulnerabilidad deja de ser un argumento automático para frenar lanzamientos sine die. Solo entonces, sostienen, alquilar una vivienda dejará de percibirse como una apuesta a ciegas y podrá empezar a cerrarse la brecha que mantiene bloqueado el mercado del alquiler.