El PP lleva al Parlament balear la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos

El Parlament balear retomará la actividad ordinaria la próxima semana con un Pleno que estará marcado, entre otros, por la proposición no de ley presentada por el PP que prohíbe el burka y el niqab en espacios públicos ya que «vulneran los derechos fundamentales de mujeres y niñas, como los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina», tal y como recoge el texto. Además, eleva la cuestión al resto del país al instar al Gobierno de España a que impulse las reformas legislativas necesarias para aplicar dicha prohibición y propulsar sanciones frente a estas conductas.

La iniciativa previsiblemente saldrá adelante con los votos de Vox. No obstante, la portavoz de este grupo, Manuela Cañadas, ha criticado que los populares tumbara una PNL similar presentada por el partido de Abascal hace unos meses. «Nos trataron de racistas y tumbaron la PNL. Ahora resulta que vienen y presentan esto», reprocha.

La iniciativa, según recoge el texto, pretende «combatir prácticas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas, entre ellas la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina».

«Símbolos de sumisión» contrarios a la Constitución

Los populares consideran que el velo islámico integral es incompatible con los valores constitucionales y sostienen que ambos son símbolos de sumisión que no tienen cabida en una sociedad democrática avanzada.

El PP fundamenta su iniciativa en la Constitución Española, que consagra la igualdad entre mujeres y hombres y sitúa la dignidad de la persona como base del orden político y de la paz social. En este sentido, subraya que la libertad religiosa no puede emplearse como argumento para justificar prácticas que discriminan o anulan a las mujeres.

La propuesta también se apoya en resoluciones internacionales y en el marco normativo europeo. En concreto, recuerda que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa advirtió en 2010 de que el velo integral es percibido en numerosos casos como un símbolo de sumisión que limita la participación social, económica y profesional de las mujeres, y que no constituye una obligación religiosa general, sino una práctica cultural que puede poner en riesgo su dignidad y libertad.

Además, desde el Partido Popular subrayan que países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria o Suiza ya han aprobado normativas que prohíben el uso del velo integral en espacios públicos, principalmente por motivos de igualdad y seguridad, y ha defendido que «España no puede quedarse atrás cuando se trata de la defensa de los derechos humanos».

Ablación y matrimonios forzados

Además, la propuesta aborda otras prácticas reconocidas internacionalmente como «formas extremas de violencia contra mujeres y niñas», como son la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados e infantiles.

La diputada popular que impulsa y firma el texto, Cristina Gil, señala que se trata de «auténticas barbaridades que destrozan la vida de miles de niñas y mujeres cada año» y sentencia que «ninguna tradición cultural puede situarse por encima de los derechos humanos».