ERC y Junts aprovechan el senador de Formentera para airear la entelequia de los «Países Catalanes»

El Congreso ha dado el primer paso para modificar el artículo 69.3 de la Constitución, una iniciativa que busca otorgar representación propia a Formentera en el Senado y acabar con su dependencia de Ibiza.

Pese al consenso mayoritario, la sesión se vio empañada por los socios de Sánchez, que instrumentalizaron la reforma para airear la entelequia de los Países Catalanes. Por su parte, Vox se ha desmarcado del bloque constitucionalista al denunciar el aumento del gasto político y la «prohibición» de los topónimos en español en la nueva redacción de la Carta Magna. El PP se abstuvo.

El pleno del Congreso inició este martes la toma en consideración de la propuesta de reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española. Una operación quirúrgica que implica quitar del texto actual el guion que une a Formentera con Ibiza.

El objetivo es que la isla de Formentera, con unos 12.000 habitantes, cuente con representación propia en el Senado, separando su circunscripción de la de Ibiza. La iniciativa ha contado con el respaldo mayoritario de la Cámara baja, a excepción de Vox, que se ha desmarcado de la propuesta por motivos de coste institucional y el uso de los topónimos en catalán.

La reforma pretende subsanar lo que desde las instituciones baleares se considera una «anomalía democrática». Desde la creación del Consell Insular de Formentera en 2007, la isla funciona como una entidad administrativa plenamente autónoma, pero la Carta Magna sigue agrupándola junto a Ibiza para la elección de su único senador.

El PP defiende la «madurez» de la isla

En representación del Parlament balear, la diputada popular Cristina Gil ha defendido que es de «justicia» que Formentera lleve su realidad al Senado con voz propia, recordando que fue precisamente bajo un gobierno del PP cuando se impulsó la creación de su Consell Insular.

Por su parte, el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, ha subrayado que las decisiones estatales afectan de forma «directa y determinante» a la vida de los residentes en la menor de las Pitiusas.

La socialista Pilar Costa ha destacado en su intervención que es «anacrónico» que Formentera no tenga representación en el Senado cuando cuenta desde 2007 con su propio Consell Insular.

Desde la bancada del Grupo Popular, el ibicenco José Vicente Marí Bosó ha calificado de «lógico» el cambio, aunque ha lanzado una advertencia en clave nacional. Marí Bosó ha asegurado que su formación no respaldará a quienes intenten aprovechar esta tramitación para defender intereses que «choquen con los de la España constitucional», en un momento en que la Carta Magna sufre, a su juicio, «los más grandes desafíos desde el 78».

Instrumentalización separatista

El debate no ha estado exento de polémica por las intervenciones de los socios del Gobierno. Tanto ERC como Junts aprovecharon el turno de palabra para vincular la reivindicación de Formentera con conceptos ajenos al debate en sí. Teresa Jordà (ERC) enmarcó la reforma en una supuesta «realidad nacional» de los denominados «Países Catalanes», mientras que Josep Pagès (Junts) utilizó su intervención para atacar incluso la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución en 2017 -con pulla al PP y PSOE incluida- y reclamar un mayor peso para esta comunidad autónoma en el Senado.

Desde Esquerra Republicana, Jordà defendió que la falta de un representante exclusivo para Formentera «no es una cuestión técnica ni un ajuste legal» sino una cuestión de «dignidad y justicia territorial».

Para Jordà, negar esta representación supone una «anomalía democrática» que debe corregirse sin miedo a tocar la Constitución, a la que se refirieron con ironía como esa carta «estimada para algunos». Jordà insistió en que esta reforma «no rompe nada ni desgarra la intocable unidad de España» sino que añade democracia. Además, recalcó el componente identitario de la propuesta: «Formentera habla y piensa en catalán, y eso no se puede ignorar. Esta reforma interpela al conjunto de los Países Catalanes», reivindicó.

Por su parte, Junts per Catalunya vinculó su apoyo a la iniciativa con la defensa de «la tierra, la lengua y la nación». Para la formación, el paso es necesario porque responde al deseo de los formenterenses de defender mejor su territorio, un compromiso que Junts extiende a todo el dominio lingüístico catalán, desde el «País Valenciano» hasta las Islas Baleares.

Sin embargo, el apoyo de Junts vino acompañado de duras críticas hacia las instituciones estatales. Pagès calificó al Senado de «cámara desnaturalizada» y recordó lo que denominó el «fraude del 155», en el que «participaron PP y PSOE». Según su argumentación, es una «vergüenza» que Cataluña esté infrarrepresentada en un organismo que, a su juicio, no sirve para la verdadera representación territorial. «Luchamos por una Cataluña independiente, pero apoyamos a Formentera porque cada pueblo tiene derecho a ser representado, aunque nuestro deseo sea hacerlo desde un Estado propio», concluyó.

Vox denuncia el coste y la «prohibición» del español

El diputado de Vox, Jorge Campos, ha justificado el voto en contra de su grupo denunciando el «elevado coste» que ya supone para los ciudadanos el mantenimiento del Consell Insular. Campos ha criticado que casi la mitad del presupuesto de la institución se destine a gastos de personal y ha vinculado la saturación de los servicios insulares con la gestión de los menores extranjeros no acompañados.

Campos, además, ha denunciado que la redacción de la propuesta supone «otra puñalada a la unidad nacional» al eliminar el topónimo en castellano de Ibiza por el catalán Eivissa. «Pretenden prohibir en la Constitución los topónimos en español», ha afirmado.

La diputada del PSOE Milena Herrera, finalmente, ha celebrado el impulso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la tramitación de la reforma, confiando en que Formentera elija a su propio senador en las elecciones generales de 2027 para acabar con una situación que ha definido como «anacrónica».